La Ley de la Empresa Pública, recientemente promulgada por el Ejecutivo, representa la base legal que en el futuro normará la gobernanza, gestión y administración de todas las unidades económico productivas que son propiedad del Estado. Asimismo, brinda la base jurídica para proteger la inversión estatal para sus diferentes emprendimientos estratégicos y sociales.
Esta nueva ley, en concordancia con la CPE, se constituye en la piedra angular de la economía estatal, en tanto promueve una mayor presencia del sector público en el quehacer productivo e industrial del país, y faculta a los diferentes niveles de gobierno a ser socios activos en proyectos empresariales que dinamicen sus economías, con la consecuente generación de mayores ingresos y creación de empleos.
Si bien esta nueva norma promueve la profundización de parte de la economía plural, es necesario realizar algunas consideraciones que hacen a la orientación estratégica y gestión operativa de cada empresa pública, de forma tal que garanticen su permanencia en el tiempo, con la producción eficiente de bienes y servicios de calidad, al más bajo costo posible, y sobre todo sin afectar al erario nacional, porque, cuando falla la administración estatal, se recurre al facilismo de la subvención. Los ejemplos del pasado son vastos.
La primera consideración para toda empresa pública pasa por la necesaria constitución de su órgano de gobierno societario. Las prácticas más sanas de estructuración de directorios o juntas directivas priorizan una conformación colegiada, multidisciplinaria, de alto carácter técnico y por sobre todas las cosas con un profundo conocimiento del negocio por parte de sus miembros. Estos elementos permitirán a la empresa estatal tener al menos la opción de formular una estrategia de mediano plazo que le permita identificar sus objetivos y metas, además de precautelar el patrimonio.
La segunda consideración se fundamenta en una necesaria eficiente gestión empresarial, orientada a la generación de valor económico y patrimonialización del capital inicial.
Esta labor es encomendada al cuerpo gerencial, por lo que es relevante contar con gestores y ejecutivos que además de ser técnicos estén dispuestos a ser medidos por la capacidad de generar valor, sean capaces de identificar oportunidades de crecimiento y demostrar capacidad de innovación en la propuesta de nuevos proyectos de inversión que maximicen el capital público invertido.
Finalmente, la eficiencia o ineficiencia de toda empresa estatal se podrá cuantificar en la medida que se implanten procesos de gestión, administración, seguimiento y control de operaciones, para que no se pierdan recursos y sin que nadie se haga responsable. En definitiva, la empresa pública enfrenta el reto de demostrar que es capaz de generar valor económico y cumplir un rol social sin incurrir en pérdidas.
