El 23 agosto, un infante de dos años murió calcinado junto a su padre en Palmasola, al verse involucrado en una gresca entre dos facciones del penal. Este hecho, sumado a las frecuentes denuncias de violaciones a menores de edad dentro de la cárcel, propició un acuerdo entre los reclusos y el Gobierno, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo, para retirar a todos los niños hasta el 31 de diciembre.
Faltan tres días para que se cumpla este plazo, y de los 250 menores que convivían con sus padres en ese recinto penitenciario aún resta por evacuar a 60. En caso de que los progenitores no tengan familiares cercanos que se puedan hacer cargo de sus hijos, estos niños serán trasladados a un centro que, según el Director de Política Social de la gobernación cruceña, cuenta con todas las condiciones para proporcionarles una adecuada acogida.
Se trata sin duda de una medida positiva, que ojalá se reproduzca en el resto de los centros penitenciarios del país. Pues, como ya antes se dijo en este mismo espacio, va contra toda lógica que un menor se críe en condiciones de hacinamiento en lugares en extremo peligrosos, rodeados e influenciados por delincuentes, donde no sólo pasan hambre, frío, calor e incomodidades, sino que además corren el riesgo de sufrir abusos de todo tipo.
