A nombre de las víctimas que sufrieron robos, atracos, y de los que perdieron su vida en manos de antisociales, pido a las autoridades nacionales y a los candidatos presidenciales, ya adentrándonos en la campaña electoral de 2014, que extremen esfuerzos y que propongan al país mecanismos serios para combatir la inseguridad ciudadana. Uno no entiende la magnitud de la inseguridad hasta que no experimenta en carne propia un hecho delictivo.
Lamentablemente se toma el tema de manera muy coyuntural. Debe ser porque nuestras autoridades andan demasiado escoltadas.
No obstante, se han presentado propuestas para combatir la inseguridad; entre las cuales está el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional. Es decir, que sea realmente una academia, potenciando por ejemplo la parte investigativa. No debería impartir la misma instrucción que se da en las FFAA, pues son instituciones totalmente diferentes. Otra propuesta proviene desde la Gobernación de Santa Cruz: descentralizar la Policía, con la creación de las guardias regionales (departamentales), encargadas de realizar tareas de patrullaje; y junto a ello, el incremento de jueces y fiscales mediante ley.
Por supuesto que esta propuesta es inconstitucional, ya que el manejo de la Policía Nacional es una atribución exclusiva del nivel central. Sin embargo, su descentralización mejoraría la eficiencia en la lucha contra la inseguridad, ya que los gobiernos locales conocen mejor que el nivel central los límites de su jurisdicción territorial, por ende, las denominadas zonas rojas.
A su vez, la retardación de justicia es un problema estructural, de corrupción, que lamentablemente se ha politizado, perdiendo toda ética y credibilidad. El acceso a la Justicia es un proceso de nunca acabar. Por citar un ejemplo, si uno presenta una demanda por cualquier acción delictiva o de violencia, ingresa a un proceso administrativo engorroso, lento, que además implica el gasto de mucho dinero, que afecta a la economía de las familias humildes.
Ya lo dijo el vicepresidente García Linera, la “Justicia está en estado de coma”. Y yo me pregunto, ¿por qué no hace algo al respecto?, ¿por qué da cómo muerto el tema de la justicia, siendo él el Presidente de la Asamblea Plurinacional, institución que cuenta con la atribución, en representación del pueblo, de “controlar y fiscalizar los Órganos del Estado y las instituciones públicas”, según establece la CPE en su artículo 158?
La solución para combatir la inseguridad y cambiar la Justicia pasa por la voluntad política de nuestras autoridades. La población se cansó de procesos, procedimientos y leyes; la gente quiere eficiencia, gestión por resultados, políticas públicas, para contrarrestar las injusticias y la inseguridad.
