A propósito de la difusión en internet del video de una presentadora de televisión, se desató un escarnecimiento público digno de la inquisición, en pleno siglo XXI. El peor escenario de las críticas fueron las redes sociales. Allí, cientos de individuos, muchos identificados con un alias, se sintieron con el derecho a juzgar la actuación de la presentadora.
Muchas de las opiniones, tanto de hombres como de mujeres, destilaban los más rancios y reaccionarios valores machistas y patriarcales, prejuicios que a juzgar por la cantidad de comentarios ingresados están más extendidos en nuestra sociedad de lo que queremos admitir.
Parece que la privacidad es un concepto pasado de moda en estos tiempos de acelerado desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación. Esta apariencia marca un signo de los tiempos que vivimos. En el ámbito global, nos enteramos que decenas de líderes tienen hasta sus conversaciones de telefonía móvil vigiladas. A un grado casi de provincia, los momentos de privacidad de personas particulares se difunden públicamente cual si fueran un trofeo.
En realidad, el hecho de que la privacidad ha pasado de moda es sólo una apariencia. La privacidad del poder que espía a presidentes, autoridades y ciudadanos de manera indiscriminada no se revela ante nuestros ojos, como tampoco se revela la privacidad del individuo que, ejerciendo un poder tan machista e impune como lo permite el lente de una cámara, expuso a una mujer ante la opinión pública a través de internet, luego de que ella rehusase pagarle una gran suma de dinero por evitar la difusión de dichas imágenes.
Decimos que casi no se reveló la privacidad del supuesto autor del video, porque en realidad fue un grupo de activistas el que reveló el nombre y la fotografía del sindicado, luego de realizar las averiguaciones pertinentes. ¿Va eso en contra de la presunción de inocencia? Sí, no obstante, es muy elocuente, como expresión de los valores de nuestra sociedad, que en particular la publicación del rostro y nombre del sindicado no hayan merecido ni tanta repercusión ni tantos comentarios en las redes sociales.
Pero hay lugar para la esperanza: cumpliendo su rol, el Ministerio Público ordenó el arresto domiciliario del sujeto al que encontraron indicios de culpabilidad por los presuntos delitos de extorsión y exposición pública de una persona a través de un video —repitámoslo— privado.
Desde este espacio, reclamamos que nuestra legislación avance tan rápido como lo merece nuestra intimidad, a tiempo de reafirmar nuestra convicción de que el derecho a la privacidad es incuestionable. Razón por la cual decidimos no dar cobertura en nuestras páginas a este asunto de carácter privado.
