Nuevamente las noticias han dado cuenta de la vulneración de derechos humanos en los cuarteles. El último caso ocurrió en la Academia Nacional de Policías (Anapol), donde una cadete perdió la vida y tres de sus compañeras terminaron hospitalizadas. El caso, que está siendo investigado, ha motivado una respuesta de parte del Gobierno, que prometió sancionar a los culpables.
En efecto, según se sabe, una cadete de la Anapol perdió la vida el lunes por la noche, supuestamente debido a excesos en los ejercicios físicos a los que fue sometida durante un examen, y otras tres cadetes fueron internadas en la Clínica Virgen de Copacabana. Existen dos versiones acerca de las causas del deceso. El médico indicó que la mujer falleció como consecuencia de un posible ataque de asma, pero los padres de familia declararon a este diario que la cadete murió luego de una jornada de examen de educación física; señalaron que desde el mediodía las estudiantes fueron sometidas a duros ejercicios y castigos que incluyeron la exposición a gases lacrimógenos.
La Ministra de Comunicación reaccionó frente a estos hechos, anunciando que el Gobierno no dejará que queden en la impunidad los abusos que se pudieran cometer en los ámbitos policial y militar. “El presidente Evo Morales ha señalado claramente que no va a permitir este tipo de violaciones ni maltratos ni situaciones que tengan que ver con un atentado contra la seguridad, contra los derechos de las personas”, manifestó la autoridad.
En consonancia, el Ministerio de Gobierno instruyó a las autoridades de la Policía Boliviana remitir el caso de la cadete a la Justicia Ordinaria, “para establecer sanciones penales contra el, la o los autores del hecho”. A su vez, el Jefe de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) indicó que empezó la indagación y que información preliminar da cuenta de que la cadete perdió la vida por asfixia por broncoaspiración, lo cual es coherente con la versión de los padres.
No es la primera vez que se denuncia abusos e inseguridad en instalaciones policiales. Sin ir más lejos, la semana pasada se produjo un amotinamiento en una unidad policial cuyos efectivos denunciaron maltrato por parte de su comandante. El oficial denunciado fue pronto destituido, al igual que el Comandante Departamental, lo cual, también, muestra esa nueva actitud a la que se refirió la Ministra de Comunicación.
Con todo, debe importar menos la sanción que la prevención, y vale la pena recordar que la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado al respecto, pidiendo apoyo de la Asamblea Legislativa para poder velar por los derechos humanos dentro de los cuarteles militares y policiales, tarea ciertamente necesaria a la luz de sucesos como el que se comenta o los sucedidos en ámbitos castrenses.
