En los últimos días, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha sostenido reuniones con 11 partidos políticos y una agrupación ciudadana de alcance nacional que tienen personería jurídica. Todos ellos, en principio, están habilitados para postular candidaturas en las elecciones generales de 2014.
El objetivo fue analizar sus informes de contabilidad, por una parte, y el contenido de sus estatutos orgánicos, por otra. El resultado de dichos encuentros es preocupante: las 12 fuerzas políticas muestran diferentes “falencias” tanto en sus cuentas como en sus documentos constitutivos. En otros términos: casi todos tienen asuntos pendientes en su contabilidad partidaria y ninguno ha adecuado sus estatutos a la Constitución Política y la normativa electoral vigente. Se quedaron, pues, en la legislación del siglo pasado.
Estos datos expresan dos cuestiones relevantes para la buena salud de la democracia representativa en el país. La primera es la evidencia de que los partidos políticos, incluido el gobernante MAS, tienen estructuras orgánicas todavía precarias. La segunda es que las actuales fuerzas políticas, como organizaciones, están rezagadas respecto al actual proceso de transformaciones en el país. Dos razones más para alentar sin demora una nueva Ley de Organizaciones Políticas.
