El viernes en Sucre, por primera vez en la historia, las máximas autoridades del Órgano Judicial: los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Fiscal General del Estado participaron en un acto conjunto de presentación de informe de labores. El mensaje central fue que la justicia en Bolivia aún está en transición.
En efecto, en ausencia de las primeras autoridades del Estado, los magistrados y el Fiscal participaron de una serie de actos formales, incluyendo una ceremonia religiosa, que concluyeron con la rendición de cuentas de lo hecho hasta ahora y una reafirmación de la ciudad de Sucre como la “Capital de la Justicia en Bolivia”.
En su discurso, el presidente del Tribunal Supremo afirmó que el sistema judicial boliviano todavía tiene como característica central el conservar rasgos de su herencia colonial y que muchos de los problemas actuales se explican justamente en esos orígenes coloniales. Acotó que también se identifica a la inaccesibilidad de la gente, la retardación procesal, la inadecuada e insuficiente distribución y número de jueces, los altos niveles de corrupción y un presupuesto exiguo. Afirmó que “nos encontramos en proceso de transición del viejo sistema judicial a uno nuevo, proceso que tiene sus diferentes fases con diversas tareas, cada una de ellas, que para materializarse llevarán cierto tiempo”.
A su vez, el Fiscal General del Estado señaló que el Ministerio Público comenzó a desmontar la vieja estructura heredada desde hace 187 años, pero sostuvo que en solo dos años se dieron grandes avances para mejorar la administración judicial y responder a la demanda del pueblo. Agregó que el mayor reto es transformar, de manera conjunta, la Justicia, con base en acciones inteligentes que diseñen la justicia para los próximos 20 años.
Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional afirmó que los cambios realizados en el sistema judicial, comenzando por la elección por voto popular de las autoridades judiciales, han tenido su resultado positivo e indicó que es falso que la justicia esté peor que antes.
Sin duda se trata de declaraciones que dan cuenta de una voluntad de transformación profunda del sistema judicial boliviano, históricamente cuestionado sobre la base de abundante evidencia de actos de lenidad, cuando no abierta corrupción, de los administradores de justicia y de una proverbial retardación que ha provocado que casi ocho de cada diez personas estén privadas de libertad sin tener sentencia y, en algunos casos, siquiera un proceso bien encaminado.
Hay, pues, mucho por hacer para transformar la justicia boliviana. Los discursos sirven para generar esperanza y expectativas, pero mientras la gente no sienta estas transformaciones en la vida diaria, solo son palabras de buena voluntad.
