El Gobierno se ha propuesto regular la tenencia y el uso de las armas de fuego en el país. En septiembre de 2012 se dio el primer paso en tal sentido, con la promulgación de la Ley 400. Entre otras disposiciones, esta norma señala el 18 de marzo como la fecha límite para que los ciudadanos registren las armas que tienen en su poder y entreguen aquellas que la ley les prohíbe tener.
Pasado este plazo, los sujetos que posean armas no registradas serán susceptibles de ser sancionados, y previsiblemente el reglamento (aún en ciernes) autorizará la adopción de medidas para incautar los dispositivos ilegales.
Ahora bien, propios y extraños coinciden en que la tenencia de armas debe regularse con cuidado, pues, como con cualquier instrumento que pueda representar un riesgo para la vida de los ciudadanos, el Estado tiene el deber de garantizar que se les dé un uso adecuado. Máxime tomando en cuenta que son muchos los que, bajo la excusa de practicar la caza deportiva, se agencian armamento para satisfacer su gusto por verter sangre animal (cabe recordar por ejemplo que en 2010 La Razón publicó un reportaje sobre un grupo de jóvenes —y no tan jóvenes— que en la ciudad de Santa Cruz se armaban hasta los dientes con el propósito de organizar safaris, pero en las selvas bolivianas, donde iban —y seguramente aún van— a cazar cualquier animal que se les cruce en el camino).
No obstante, además de ampliar el plazo para el registro (restan poco más de dos meses y hasta ahora no se ha reglamentado la norma para que entre en vigencia), es de esperar que se adopte un sistema sencillo para este reconocimiento, que no encarezca en exceso la tenencia autorizada de armas a través de licencias.
De lo contrario no sólo se promoverá la corrupción, sino —peor aún— muchas personas, frente a medidas engorrosas y costosas, optarán por conservar sus armas en la informalidad en vez de registrarlas o entregárselas al Estado. Y ese sería el peor escenario, pues en dicha situación no habría forma de saber quién es el titular de cada dispositivo. Desconocimiento que haría más difícil descubrir a los autores de crímenes, tampoco se podría obligar a los dueños a recibir entrenamiento para evitar accidentes, ni se podría evitar que las armas sean vendidas a delincuentes en el mercado negro.
Un negocio que, dicho sea de paso, goza de muy buena salud en el país, tal y como lo demuestra el último reportaje publicado el lunes en Informe La Razón, en el que se da cuenta de que existen al menos 16 “zonas rojas” donde impera el tráfico y la compra-venta de este tipo de material.
En este contexto, de poco le va a servir al Estado contar con una ley y un sistema moderno de identificación balística para registrar todas las armas si se establecen trabas para que los ciudadanos se acerquen voluntariamente a registrarlas.
