Hace mucho tiempo, cuando surgían las teorías del desarrollo en América Latina a mediados del siglo pasado, se consideraba a gran parte de los países en desarrollo como países pobres y rurales y, por tanto, la problemática del desarrollo rural era un componente central de las políticas de desarrollo.
Hubo una época, que parece lejana, en la que la mayoría de las personas del mundo vivían y trabajaban en el campo. En nuestro caso, Bolivia no hace más de medio siglo presentaba, según el Censo de 1950, una participación de la población rural del 73,8%, muy por encima del promedio latinoamericano.
En la actualidad, América Latina y el Caribe es una región eminentemente urbana, pero aún una gran parte de la población habita en el campo y, en el caso de Bolivia, según el Censo de 2012, el 32,7% de los bolivianos que viven en el país habitan en el área rural.
Es relevante el hecho de que en 62 años se ha invertido la estructura de la población según el área que habita. Es importante para explicar parte de nuestra historia económica anterior y también para examinar los desafíos actuales.
Es un hecho conocido que la revolución del 52 contribuyó a ese cambio, aunque si uno mira en un periodo de 25 años, hasta el Censo de 1976, la participación de la población rural había disminuido 15 puntos porcentuales a 58,7%, no obstante seguíamos siendo un país campesino. A mi modo de entender, el cambio más significativo y acelerado se dio en los 25 años que median entre los censos de 1976 y el de 2001, donde la participación de la población rural descendió 21 puntos porcentuales al llegar a un 37,6% del total, produciéndose así una profunda transformación hacia una Bolivia urbana.
Lo que hizo el Censo de 2012 es ratificar esta tendencia, mostrando un crecimiento solo del 0,5% de la población rural respecto a 2011, por no decir ya un estancamiento; mientras que la población urbana creció a una tasa cinco veces más alta, en un 2,5%. Podemos así decir que solo un tercio de la población boliviana es rural y dos tercios conforman la población urbana.
Pero, más allá de los datos están los desafíos. Si no hubiera sido por la Ley de Participación Popular de 1994, este cambio hubiera afectado más a los municipios urbanos, en cuanto a disposición de recursos para tratar de satisfacer en parte las demandas de servicios básicos, infraestructura y otros servicios. El presupuesto del Gobierno central y los gobiernos departamentales y municipales tienen que tomar en cuenta estos cambios en la priorización de sus recursos.
Tal vez por la falsa idea de asociar más población con más recursos, los municipios no saben que más población significa más problemas, puesto que los requerimientos de servicios municipales crecen en forma más acelerada para satisfacer las necesidades de esa población en aumento. Es muy probable que este crecimiento de la población urbana aumente el déficit en viviendas, alcantarillados, servicios de agua potable y electricidad.
Desde el punto de vista de la planificación, es un dato relevante que señala la importancia de poner más énfasis en el desarrollo urbano y local, en la planificación urbana; y en el marco de una perspectiva de Bolivia 2025, pensar no solo en más ciudades intermedias sino, como en el caso del Brasil, en una ciudad planificada como sede de gobierno: Brasilia, mirando así hacia el futuro y no hace finales del siglo XIX, hacia la famosa Guerra Federal.
