Con sus anomias y excesos, la prematura campaña para las elecciones generales de octubre de 2014 ha concentrado la atención pública y los reflectores mediáticos en los aprestos de lo que será la disputa electoral por la presidencia del Estado. Esta obsesión ante candidaturas y anticipadas (auto)proclamaciones ha desplazado de la agenda, como si no existiera, un hecho fundamental: 2014 será también, como hito, un año de referendos para la aprobación de estatutos y cartas orgánicas.
Y es que de lograrse un oportuno compromiso político-institucional, en especial de los órganos del poder público, en octubre de 2014, de manera concurrente con el sufragio para elegir autoridades y representantes a nivel nacional, la ciudadanía votará por un nuevo paso estratégico en el proceso de refundación estatal en el país. En varios departamentos y muchos municipios se reafirmaría en las urnas la adopción de normas propias para consolidar el avance de las autonomías (en plural).
Veamos. A enero de 2014, siete departamentos elaboraron o adecuaron sus estatutos autonómicos (las paradójicas excepciones son Santa Cruz y Beni). Cinco de ellos deben ir a referendo aprobatorio. Está listo también el estatuto de la autonomía regional del Gran Chaco. En el ámbito local, 98 municipios ya entregaron sus cartas orgánicas para el control de constitucionalidad. Y ocho autonomías indígena originario campesinas concluyeron con éxito sus procesos estatuyentes. No es poca cosa.
¿Significa esto que en octubre próximo se podrían aprobar en referendo cinco estatutos departamentales, un estatuto regional, 98 cartas orgánicas municipales y ocho estatutos de autonomía indígena? No necesariamente. O no a secas. Hay todavía en el camino, en esta suerte de “carrera de obstáculos”, algunos pasos y condiciones que deben superarse. Al menos para un avance parcial. A beneficio de inventario-debate identifico tres tareas urgentes:
1) Superar el embudo del TCP: Hoy el mayor filtro-dique para la aprobación de estatutos y cartas orgánicas es la excesiva lentitud con la que el Tribunal Constitucional Plurinacional está realizando el “test de constitucionalidad”. En más de un año, el TCP apenas ha emitido declaraciones para un estatuto departamental (Pando), una carta orgánica (Cocapata) y dos autonomías indígenas (Totora Marka y Charagua). Estamos pues ante un terrible embudo que, de no resolverse, podría dilatar y hasta truncar el proceso.
2) Superar el desapego del TSE: A reserva de futuras resoluciones, el Tribunal Supremo Electoral está demasiado concentrado en los comicios presidenciales –con especial atención al voto en el exterior y, ahora, la campaña electoral–, pero parece haberse olvidado de que también administrará procesos referendarios. Esta desatención institucional es problemática porque el TSE, además de organizar el sufragio, debe impulsar la campaña motivacional e informativa para que la ciudadanía participe en los referendos autonómicos.
3) Superar el repliegue de la ALP: Si bien la reciente Ley de Gobiernos Autónomos Municipales es clave para garantizar estabilidad a nivel local, la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha concluido este año, ni mucho menos, su trabajo en torno al proceso autonómico. Replegarse, por ello, sería inadmisible. Es imperioso que la ALP viabilice otras normas específicas, en especial para los referendos de autonomías indígenas (al menos en los cinco casos más avanzados) y, claro, la compleja transición al autogobierno.
Además de estas imprescindibles tareas, se asume como supuesto que las actuales autoridades tanto del nivel central del Estado como de las entidades territoriales autónomas harán su trabajo. Y se espera que la inaugural aprobación popular de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, esa fiesta democrática, generará amplia deliberación pública y participación ciudadana. No hay tiempo que perder, entonces. Ni marcha atrás.
