Ayer se cumplió el plazo establecido en la Ley Marco de Autonomías para que el Servicio Estatal de Autonomías (SEA) elabore una “propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal”. Dicha propuesta debía ser presentada en un tiempo no mayor a seis meses después de publicados los resultados del Censo 2012. Ello no ha ocurrido, dando así una bandera de movilización a los comités cívicos y a la oposición política.
Al respecto, la Ministra de Autonomías fue clara al señalar la posición oficial del Gobierno: no se ha vencido ningún plazo, pues todavía no se publicaron los resultados completos del censo (más allá de la cantidad de habitantes); el pacto fiscal no implica solamente la distribución de dinero, sino una visión integral; y de ningún modo se negociarán recursos en un año electoral, ya que ello generaría inestabilidad y enfrentamiento.
Más allá de las lecturas diferentes en relación al plazo, es evidente que el pacto fiscal constituye un reto fundamental para el horizonte de la política pública en el país, tanto en el nivel central del Estado como en las entidades territoriales autónomas. Por ello, la propuesta técnica y la correspondiente metodología de diálogo no pueden estar sujetas a presiones políticas ni menos a intereses particulares o tiempos electorales.
