El vencimiento del plazo para la presentación de una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal, sin que ésta se haya producido, ha activado el debate acerca de la importancia que este proceso reviste para muchas partes interesadas. El Gobierno ha pedido “prudencia” en el tratamiento del asunto en tiempos electorales y decidió postergar el inicio del debate.
Precisamente por eso, ayer en esta misma página, señalamos que más allá de las lecturas diferentes con relación al plazo, es evidente que el pacto fiscal constituye un reto fundamental para el horizonte de la política pública en el país, tanto en el nivel central del Estado como en las entidades territoriales autónomas. Por ello, la propuesta técnica y la correspondiente metodología de diálogo no pueden estar sujetas a presiones políticas ni menos a intereses particulares o tiempos electorales.
El movimiento cívico de las capitales del país, encabezado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, anunció para los siguientes días una reunión nacional en la que abrirán el debate sobre el pacto fiscal establecido en la Ley de Autonomías para la redistribución de recursos económicos a las regiones. Los cruceños manifestaron su deseo de que cada departamento obtenga un significativo aumento en el control de los recursos fiscales.
Es previsible que en lo inmediato se discuta con creciente insistencia en la necesidad de redistribuir los recursos públicos, al punto que podría reducirse a una discusión de porcentajes y cifras con más o menos ceros, como suele suceder cada vez que asuntos presupuestarios ocupan la atención de la opinión pública. Sin embargo, lo que debería tenerse presente es que no se trata de tener o no más dinero, sino de saber qué hacer con ese dinero, y eso es algo que no suele discutirse en los ámbitos de presión y negociación política.
La Fundación Jubileo, que desde una perspectiva católica aporta con información y opiniones al debate desde hace mucho tiempo, le recordó al Gobierno que el pacto fiscal es un proceso pendiente que permitirá definir el de- sarrollo del país a través de consensos y acuerdos sobre la generación, distribución y destino de los recursos públicos. No solo el Gobierno debe tomar en cuenta el mensaje, sino sobre todo aquellas autoridades públicas que tienen la obligación de ejecutar esos recursos a favor del desarrollo de sus respectivas jurisdicciones. Hasta ahora, y sin pacto fiscal, las gobernaciones tienen serias dificultades para ejecutar todo el dinero que tienen en sus cuentas.
Se trata, pues, de recordar que para poder disponer de más recursos no solo son necesarias más infraestructura y capacidad administrativa, sino fundamentalmente planes y programas, políticas públicas y una visión compartida. Reducir el debate a un asunto de meras cifras le hará un flaco favor al país.
