El vocero del Movimiento Demócrata Social (MDS) informó que esa fuerza política recibe financiamiento del extranjero. Sin especificar cuáles, dijo que los aportantes son partidos políticos europeos “que comparten su ideología”. De comprobarse esta afirmación, el flamante partido del gobernador cruceño, Rubén Costas, estaría incurriendo en una ilegalidad, y podría ser objeto de sanciones por parte del Órgano Electoral.
La actual Ley de Partidos Políticos, que pese a su obsolescencia está vigente, establece en su artículo 51 las restricciones a los aportes privados que pueden recibir los dirigentes de los partidos. Una de esas restricciones se refiere a “personas jurídicas extranjeras”, condición legal que tienen los partidos europeos que estarían aportando al MDS. A no ser que se trate exclusivamente de asistencia técnica y de capacitación.
Este hecho alerta sobre la necesidad de una ley de organizaciones políticas que, entre otras cuestiones, regule con precisión el sensible tema del financiamiento a los partidos, en especial en periodos electorales. Mucha evidencia en el mundo demuestra que la relación entre dinero y política, si no está sujeta a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, puede dañar seriamente no solo a las organizaciones políticas, sino a la democracia.
