En su mensaje de informe de gestión, el presidente Morales identificó la crisis de la administración de justicia como uno de los principales problemas en Bolivia. Persisten la retardación de justicia y la corrupción, dijo el Primer Mandatario, dando cuenta de un deterioro estructural que en cuatro años del Estado Plurinacional no muestra ninguna mejora. Se trata de un mal endémico que demanda una solución impostergable y urgente.
Una de las promesas de la innovadora elección popular de las principales autoridades jurisdiccionales, realizada por primera vez en octubre de 2011, fue que se produciría un “gran cambio”en el Órgano Judicial. Más de dos años después eso no ha ocurrido. Al contrario, asistimos con rabia e impotencia al descalabro de una Justicia que, entre jueces, abogados, fiscales y policías, castiga a la ciudadanía en lugar de protegerla.
¿Qué hacer? Ninguna autoridad ha señalado salidas. Asumir el asunto como “responsabilidad de todos” es necesario, pero no suficiente. Y resulta evidente que la solución a esta crisis terminal de la justicia tampoco convendrá con la sola aprobación de nuevos códigos, que seguramente serán mal aplicados. Algo radical debe hacerse, sin más demora y más allá de la autocrítica, para enfrentar esta asignatura pendiente en nuestro país.
