América Latina y el Caribe enfrentan hoy una encrucijada. Transita históricamente por una senda poco sostenible, de crecimiento insuficiente con altos niveles de desigualdad, con escaso empuje hacia el cambio estructural, y si bien se ha gozado de una década auspiciosa, confronta hoy un escenario externo cada vez más problemático.
Desde 2002, la pobreza en América Latina cayó 15,7 puntos porcentuales en promedio. La pobreza extrema también descendió 8,0 puntos, aun cuando su ritmo de disminución es menguante. La tasa de desempleo alcanza un histórico 6,4% y el poder adquisitivo de los salarios medios se mantuvo o incrementó en la mayoría de los países, concordando con una baja inflación, cuyo promedio pasó del 7,1% al 5,4% entre 2011 y 2012.
No obstante, en nuestra región, el quintil más pobre (20% de los hogares con menores ingresos) capta en promedio 5% de los ingresos totales, mientras que el quintil más rico captura 47%. Asegurar los incontrarrestables logros sociales alcanzados, birlar a nuestro destino cíclico otro periodo de restricciones y penurias demanda promover, mediante un conjunto renovado de reformas institucionales y políticas, una nueva senda de crecimiento sostenible con crecientes grados de igualdad.
La Cepal postula que la igualdad debe ser el principio ético normativo primordial y el objetivo último del desarrollo, tal como planteamos en nuestro documento de posición La Hora de la Igualdad, presentado durante el periodo de sesiones (la reunión intergubernamental bianual de este organismo) celebrado en 2010 en Brasilia.
Situar a la igualdad en el centro implica una ruptura con el paradigma económico que ha prevalecido en la región durante al menos tres décadas. A la luz del rostro de nuestro continente, resulta un imperativo moral. Nuestra convicción es clara: hemos de igualar para crecer y crecer para igualar. No es un camino sencillo, pero es impostergable. Requiere de un cambio estructural orientado a cerrar brechas sociales y productivas críticas donde no estén reñidos entre sí lo económico, lo productivo, lo social y la sostenibilidad ambiental.
Como reafirmamos en el periodo de sesiones en San Salvador en 2012, cuando entregamos un nuevo documento (Cambio Estructural para la Igualdad), la igualdad es el horizonte; el cambio estructural, el camino; y la política, el instrumento. Esta senda requiere una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad.
Ello implica un cambio de orientación ante las restricciones externas y ante rasgos endógenos limitantes. Las primeras incluyen la pérdida de dinamismo y el estancamiento en la demanda por parte del comercio internacional, incertidumbre respecto de las señales financieras y el acceso al financiamiento y poca articulación regional frente al reordenamiento de las cadenas globales de producción de valor.
Los problemas internos incluyen una estructura productiva desarticulada y rezagada, mercados de trabajo con alta informalidad, bajos niveles de inversión con poca incorporación de progreso técnico, brechas de bienestar y de capacidades, débil gobernanza de los recursos naturales, patrones de consumo con déficit de servicios públicos y altas presiones ambientales y energéticas, junto al inveterado déficit institucional en materia de regulación, captación, y orientación de recursos.
Hoy se trata de reorientar las políticas hacia un fuerte dinamismo de la inversión para asegurar una relación virtuosa entre crecimiento, productividad y sostenibilidad ambiental por la vía de la incorporación del conocimiento a la producción y la generación de un alto valor agregado; imprimirle mayor inclusión al mundo del trabajo, y promover mayor convergencia entre reformas tributarias y políticas sociales con un claro sesgo redistributivo. Además, se debe equilibrar la expansión del consumo privado con la provisión de servicios públicos de calidad; e instituir la adecuada gobernanza de los recursos naturales.
Y no nos caben dudas, y así lo reafirmaremos en nuestro próximo periodo de sesiones que se celebrará en mayo en Lima, estas propuestas requieren de pactos sociales. Pactos que restituyan, para los latinoamericanos y caribeños, la soberanía, la potestad de acordar sin tutelajes y en concordancia con el entramado que constituye la esencia de nuestras particulares y ricas identidades, el rostro propio de un mañana donde el ejercicio de nuestros derechos y la construcción de nuestros proyectos de vida no reconozcan más las fronteras injustas de la cuna, la edad, el género o la etnia. En resumen, un mañana de iguales.
