Perú tiene inmensas razones para festejar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El lunes 27 de enero de 2014, 50.000 km2 se han añadido a su dominio marítimo, la mitad de los cuales eran aguas de soberanía chilena. El Gobierno peruano y sus astutos asesores han estimado que el 70% de su demanda ha sido reconocida.
En Chile las reacciones han sido disparejas. Los expresidentes Frei y Lagos han reconocido una derrota sin atenuantes. Con falsa perplejidad, Lagos dijo: “No entiendo, desde el punto de vista jurídico, qué ha pasado para que donde antes Chile tenía 200 millas, ahora solo tenga 80”. Frei fue más directo: “Nos cortan la cola” dijo, y advirtió que lo más grave es el precedente que sienta: “Todos tienen derecho a pedir porque un pedacito vamos a sacar”. ¿Está pensando en la demanda boliviana ante el mismo tribunal internacional?
Por el contrario, Sebastián Piñera manifestó estar “profundamente alegre” (sic) porque el dictamen reconoce el argumento chileno: el límite marítimo se inicia en el Hito 1 (Perú sostenía que éste se inicia en el Punto de la Concordia), por tanto, se preserva en su total integridad las 12 millas de mar territorial y soberano de Chile. Asimismo, ha sugerido que la gran proporción de pesca chilena está dentro de las primeras 80 millas, fuera de las cuales no existe pesca importante. No menos reveladora resulta la declaración con la cual se ha insistido, incluso antes del 27 de enero, en la necesidad de aplicar el fallo “gradualmente”.
En la misma vena, aunque la Cámara de Senadores de Chile ha calificado el fallo como “arbitrario y caprichoso”, también ha ponderado el reconocimiento del Hito 1 como punto de inicio del límite marítimo, hecho que presuntamente “ratifica el dominio de Chile sobre el triángulo terrestre respectivo”. Ello implicaría que “no hay temas limítrofes pendientes con Perú y esta consideración deberá ser parte necesaria en la implementación del fallo”.
¿Es sincero el Presidente chileno? Yo creo que sus declaraciones han sido cuidadosamente planificadas por sus asesores, para minimizar el costo político del fallo, que si bien endosa parte de los argumentos chilenos, en los hechos cede “por equidad” un dominio marítimo al Perú. No le será fácil a la orgullosa clase política chilena asimilar ese dato. De hecho ya se ha generado una controversia sobre la conveniencia de seguir en el Pacto de Bogotá. De pronto, la demanda boliviana ante La Haya ha dejado de ser un capricho y se ha convertido en un problema político.
Más allá de los inevitables cálculos políticos, me parece admirable que dos países hayan tenido el valor de someter sus problemas ante un tribunal internacional, cuyo mérito, según los expertos, es la (¿imposible?) búsqueda del punto medio.
