Los efectos de toda crisis económica tienen como corolario la depauperación de los grupos sociales más vulnerables, que ven cómo su condición de vida se va transformando en un estado permanente de carencia de oportunidades. Ante este panorama, en la que las mayorías usualmente son las más afectadas, una vía legítima de reivindicación es la marcha de protesta.
La represión a una movilización social que busque la reposición de un derecho económico o político que probablemente fue vulnerado puede ser imagen propia de un país caracterizado por la convulsión e inestabilidad; sin embargo, en esta aldea global esas imágenes también son visualizadas en naciones y reinos que en la actualidad padecen de los azotes originados por manejo irresponsable de las finanzas públicas y la voracidad de los mercados de capitales.
Este último fin de semana el escenario fue el centro de Madrid, en el que grupos de colectivos ciudadanos de varias regiones de España se congregaron para lanzar una voz de protesta e indignación por el alto índice de desempleo y la política de austeridad del gasto social emprendida por la actual administración gubernamental. La respuesta no se hizo esperar y el saldo fue una reprimenda por fuerzas policiales antidisturbios con al menos 100 heridos, docenas de detenidos y un resquebrajamiento en la relación entre el Estado y la sociedad.
A pesar de las señales de recuperación de la economía española, éstas no son suficientes para aplacar la desesperanza que vive un amplio sector de la población, que encuentra como salida a sus frustraciones el derecho a protestar que, sin embargo, es coartado por el ejercicio y uso de la fuerza pública.
Más allá que la protesta se desarrolle dentro los límites geográficos españoles, ésta va tomando ribetes internacionales; lo que en una época fue la transnacionalización del capital en forma de compra agresiva de bancos, empresas telefónicas, industrias eléctricas y compañías petroleras, ahora es la transnacionalización del descontento que hace carne en miles de voces que claman por “pan, trabajo y techo” y que toma la forma de un movimiento denominado “Marea Granate”, en alusión al color de los pasaportes de los miles de emigrantes forzosos que dejaron su patria.
Lo cierto es que toda lucha por lograr mejores condiciones de vida debe ser respetada en su legitimidad y derecho, porque no resulta justo que por los pecados económicos y financieros cometidos por unos pocos privilegiados que aún gozan de vidas tranquilas, sean los más vulnerables los que paguen las facturas y retornen a sus hogares con fracturas físicas, pero más grave aún con fracturas en la sociedad, que en el tiempo son las más difíciles de sanar.
