El conflicto iniciado a principios de mes por un grupo de suboficiales de las Fuerzas Armadas (FFAA), cuando presentaron un proyecto de ley para “descolonizar” la institución castrense, parece haber llegado a su cumbre esta semana, cuando se produjeron una huelga y movilizaciones callejeras que causaron el retiro forzoso de 715 efectivos. La solución no se ve fácil.
En efecto, los suboficiales y sargentos instalaron desde el lunes una huelga en su sede social de La Paz y protagonizaron marchas de protesta a lo largo de la semana. Era inevitable que sean castigados, pues la Constitución Política del Estado, en su artículo 245, dispone que las FFAA no deliberan. Asimismo, fueron llamativas las oficiosas declaraciones de portavoces de partidos de oposición, al extremo que desde el Gobierno se habló de sedición y hasta intento de golpe.
Sin embargo, el conflicto no es tan simple, pues la demanda se ha anclado en uno de los procesos más caros al Gobierno, la descolonización, incluyendo la erradicación de la discriminación y el racismo. Como en una profecía autocumplida, los suboficiales pergeñaron un proyecto de ley, cuyo texto ha sido poco publicitado, más allá del ya señalado objetivo descolonizador, y lo sometieron a consideración de las autoridades jerárquicas sin merecer respuesta.
En un contexto sindical, el siguiente paso era plantear el conflicto y, luego, iniciar huelgas y movilizaciones. Sin embargo, en instituciones jerárquicas y de mando centralizado, como las FFAA, las expresiones de democracia no tienen cabida. Menos aún si el proyecto de ley, como anunciaron sus promotores, incluye la posibilidad de reemplazar la categoría “suboficial” por “oficial técnico”, una transformación poco agradable al rígido pensamiento conservador de la oficialidad.
Siempre ha sido evidente que en las FFAA hay una brecha entre oficiales y suboficiales, y ambos sectores se acusan mutuamente de gozar de ciertos privilegios negados al otro, como la posibilidad de ascenso hasta el generalato, para los primeros, y el no estar sometidos a la rotación de destinos, para los segundos.
Asimismo, para nadie es secreto que una parte importante de la oficialidad ha sido educada en valores racistas, como lo demuestra el hecho de que fue un logro que, años atrás, se habilitara un cupo extraordinario para jóvenes cadetes indígenas, que fueron tratados como excepcionales en el contexto de la formación militar.
Así, al margen de las acciones puntuales para resolver el conflicto, lo cierto es que la demanda de los uniformados aparece como coherente con el proceso que vive el país, en el que con el nombre de descolonización están cambiando las estructuras de poder. El Gobierno debe, pues, encontrar el modo de satisfacer las expectativas de los suboficiales y sargentos de las FFAA, tarea en la que el alto mando militar debe involucrarse.
