La posición de los gremios empresariales es débil, la posición de la Central Obrera Boliviana es fuerte, como lo evidencian las decisiones presidenciales del 1 de mayo en favor de los dirigentes de la COB. Varios vehículos, un hotel y un cupo de plazas en la bancada electoral del MAS buscan asegurar la lealtad de los dirigentes, en un contexto de aumentos salariales por encima de la tasa de inflación y anuncios de que este año se pagará de nuevo el doble aguinaldo en vista de que las expectativas oficiales están por encima del umbral fijado en 4,5% de crecimiento del PIB. Todo esto contrasta con el tratamiento que reciben los líderes empresariales del país, cuya capacidad de negociación formal está reducida a su mínimo histórico.
Las cosas se pintan sin embargo muy diferentes en el ámbito de la economía real. En primer lugar, existen indicios de que en el primer trimestre del año se ha realizado un número no desdeñable de despidos en ciertas industrias pequeñas, como consecuencia del doble aguinaldo del año pasado. En segundo lugar, varios indicadores corroboran que los impulsos dinámicos originados en el exterior están disminuyendo, como ocurre en el caso de las cotizaciones de algunos minerales importantes. A eso se suman caídas en los volúmenes de producción y aumentos de costos por la abultada planilla de supernumerarios. Tercero, hay señales de una paulatina saturación de las actividades de la construcción y de su efecto sobre la ocupación de la mano de obra. Por consiguiente, la variable de ajuste se presenta en el empleo, y no necesariamente en los precios.
En un contexto de tales características convendría introducir importantes cambios en la gestión de la política económica. Para comenzar, la fijación por decisión gubernamental de las tasas de interés activas y pasivas para las operaciones del sistema financiero no es recomendable en general, y mucho menos en los niveles y destinos que se han anunciado en estos días. La experiencia nacional e internacional sobre las consecuencias indeseadas de este tipo de políticas es demasiado abundante, como para descartarla sin algún tipo de análisis pertinente.
No propongo en modo alguno que los parámetros básicos del sistema económico deban librarse al juego de la oferta y la demanda. En este país existen demasiadas asimetrías de información y desigualdades de capacidad negociadora entre los diferentes sectores y estratos de agentes económicos, a uno y otro lado del mercado, como para que el sistema de precios relativos funcione sobre tales bases, con mínimos verificables de racionalidad, eficiencia y equidad a corto y mediano plazo. Por supuesto que se requieren políticas públicas, metas e incentivos establecidos por la autoridad gubernamental, pero eso es bastante distinto a la pretensión de dirigir las actividades económicas con propósitos políticos, mediante medidas verticales de comando y control, con prohibiciones y penalizaciones en caso de incumplimiento.
El impedimento mayor para que se cumplan las disposiciones adoptadas unilateralmente por el Gobierno no proviene de la doctrina, sino de la realidad concreta de nuestra economía, donde la informalidad es demasiado extendida, y por eso mismo proporciona a un enorme contingente de empleadores en pequeña escala la capacidad de adoptar respuestas y acomodos diferenciados ante las respectivas disposiciones gubernamentales.
El desenlace que ya se puede anticipar por todo lo señalado consiste en mayores distorsiones del aparato productivo, cuya heterogeneidad es cada vez más pronunciada, donde coexiste un conjunto sumamente diferenciado de unidades económicas con condiciones gerenciales, tecnológicas, financieras y de empleo tan dispares, que por sí solas impiden que se verifiquen en la realidad los objetivos que las autoridades dicen perseguir.
