Recientemente, ya cercanas las elecciones, he leído críticas a la Ley del Régimen Electoral 026 respecto a sus Arts. 131 al 135, referidos a la realización y difusión de encuestas electorales, como atentatorios de la libertad de expresión. Quisiera dar algunas reflexiones que considero útiles para este debate. Antes aclaro (con el fin de evitar susceptibilidades usuales) que no participé en la elaboración de dicha ley ni he tenido relación alguna con el Órgano Electoral; aunque sí publiqué en 2002 (con dos tesistas colaboradoras junto a Paola Iriarte Tineo, entonces funcionaria del Congreso) el libro Encuestas, medios y elecciones, donde se incluye una propuesta de ley complementaria al Código Electoral de entonces que, en resumen, proponía regular la fiabilidad de las encuestas y registrar a las empresas encuestadoras; ello como consecuencia de una larga investigación que realizamos en el país, en la que muchos entrevistados reclamaban sobre los graves errores de las encuestas difundidas, incluso de manipulación, como el caso de la consulta publicada por los principales medios cruceños en 2002 que daba como amplio ganador a… Johnny Fernández. En otro libro (De encuestas y elecciones en Bolivia 2009) incluyó muchos más ejemplos de falencias de este tipo.
En fechas muy recientes, leímos cómo las encuestas electorales no coincidieron con el voto ciudadano en Costa Rica (ganó Luis Guillermo Solís Rivera, entre tercero y cuarto en las encuestas para la primera vuelta), El Salvador (para la segunda vuelta, los pronósticos de intención de voto daban a Salvador Sánchez Cerén la victoria con un margen entre 10% y 18%, pero la diferencia final fue de 0,22%) y Panamá (donde ganó Juan Carlos Varela Rodríguez, permanente tercero). Más lejana, pero más impactante, fue la derrota en 2010 de Antanas Mockus Šivickas frente a Juan Manuel Santos Calderón en Colombia: de estar permanente primero por amplio margen, Mockus Šivickas perdió con el 27,47% de los votos frente al 69,13% obtenidos por su oponente.
Desde los años ochenta, en América Latina se empezaron a regular las encuestas electorales, y hoy existen reglamentaciones en la mayoría de nuestros países. Un ejemplo de ello es el requisito de registro —en distintas formas— vigente y sancionable en Costa Rica, México, Honduras, Colombia y Panamá, entre otros.
Como resumen sobre los artículos mencionados (y no me refiero a la forma de su ejecución, que no se ha debatido), me adscribo plenamente a lo expresado por Jorge Lazarte Rojas, exvocal de la Corte Nacional Electoral y permanente investigador del tema, en su artículo “Encuestas y sondeos durante el proceso electoral” del Tratado de derecho electoral comparado de América Latina (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad de Heidelberg e International IDEA, entre otros), cuando recomienda “generalizar una efectiva reglamentación de encuestas que contenga aspectos específicos respecto a su producción y difusión, que garanticen su fiabilidad técnica y confiabilidad ciudadana”.
