La reciente publicación del libro de Thomas Piketti Capital en el siglo XXI ha puesto el debate sobre las tendencias esenciales del capitalismo sobre nuevas bases. Para muchos, la novedad de este libro no estriba en la conclusión a la que arriba, sino en el bagaje de estadísticas que respaldan sus argumentos. Apoyado en efecto en un aparato estadístico sumamente robusto, Piketti demuestra que en la estructura misma de la propiedad capitalista está incorporada la tendencia a la desigualdad de los ingresos que obtienen los propietarios del capital en sus diferentes formas en comparación con los ingresos del trabajo. Y dicha tendencia adopta mayor intensidad en la etapa más reciente de predominio del capitalismo financiero, en que la tasa de crecimiento del excedente es superior a la tasa de aumento del ingreso de los trabajadores.
Por caminos diferentes y con otras mediciones estadísticas, economistas como Paul Krugman y Joseph Stiglitz han venido argumentando en el mismo sentido: a lo largo de los últimos 25 años la concentración del ingreso y la riqueza en la cúspide de la sociedad estadounidense ha aumentado extraordinariamente.
La novedad de estas afirmaciones estriba en que están referidas a la economía de los países industrializados, en especial EEUU, y no a las economías latinoamericanas, donde la desigualdad es un hecho conocido hace tiempo. Con tales evidencias se refuta lo que también para muchos ya era conocido: librados a su dinámica intrínseca, los mercados no generan equilibrios económicos, ni equidad distributiva y menos sostenibilidad ambiental. Y eso vale para los países desarrollados y subdesarrollados por igual.
Se concluye entonces que el Estado debe intervenir en la regulación de diversos ámbitos de la economía capitalista, y tanto más en épocas de globalización sin reglas como la que impera en los tiempos que corren. Por consiguiente, más allá de poner freno efectivo a los desbordes de la codicia de los especuladores financieros, algo que tiene que hacerse mediante acuerdos internacionales porque a tales efectos no bastan las medidas en el plano exclusivamente nacional, resulta imprescindible encaminar la negociación de nuevos regímenes internacionales en materia de propiedad intelectual, transacciones financieras, evasión fiscal, compras de armamento, narcotráfico y contaminación ambiental. En todas estas esferas operan circunstancias que amplifican enormemente la acumulación de riqueza y la concentración de ingresos en muy pocas manos.
En el plano nacional, se imponen al menos dos cambios relevantes. En primer lugar, es preciso introducir reformas tributarias profundas orientadas a hacer efectivamente progresiva la recaudación, de tal manera que se obtengan resultados tangibles en materia de redistribución de ingresos. Para eso, la inclusión de impuestos directos es una necesidad imperiosa en muchos países, particularmente de América Latina. En segundo lugar, se necesita adoptar una estrategia sostenida para limitar y revertir la informalidad imperante en los mercados de trabajo. La dimensión que han alcanzado las actividades informales en muchos países de la región no solo se traduce en evasión de impuestos y de normas laborales en general, sino que afecta de manera central a las potencialidades de crecimiento de la economía y es además uno de los mecanismos que amplifica las brechas de ingreso y de riqueza.
Fuera de las actividades de la especulación, el delito y la evasión impositiva en gran escala que se mencionan arriba (para las cuales se necesitan enfoques específicos), es en materia de empleo y de educación donde se requieren políticas renovadas para promover la equidad, de manera que las desigualdades no se transfieran de una generación a las siguientes.
