Entre el 14 y 15 de junio de 2004, el alcalde de Ayo Ayo, Benjamín Altamirano, fue brutalmente asesinado luego de ser secuestrado y torturado por una turba enardecida que, no contenta con segar su vida, incineró su cadáver. Han transcurrido diez años desde ese horrendo crimen impulsado por móviles políticos, y el vía crucis de su familia aún no concluye.
Un reportaje publicado días atrás en Informe La Razón da cuenta de los pormenores que tuvieron que atravesar los nueve hijos y la viuda de Altamirano en busca de justicia, poniendo nuevamente en evidencia los males estructurales de los que adolece el sistema judicial del país. Y no solo en cuanto a retardación de justicia se refiere, sino también por la falta de protección policial; pues, como si se tratase de una novela negra, el crimen del burgomaestre de Ayo Ayo estaba más que anunciado.
En efecto, Altamirano no solo recibió varias amenazas de muerte e incluso denunció a quienes estaban atentando contra su vida, sino que además sufrió el saqueo y posterior incendio de su hogar, y fue víctima de dos secuestros previos (en el primero sus adversarios políticos le obligaron a firmar su renuncia y en el segundo logró huir a Oruro). A pesar de estos antecedentes, ni la Fiscalía ni la Policía hicieron algo para evitar un tercer secuestro, que finalmente culminó con su asesinato.
Luego de perpetrado el (anunciado) crimen, sin hogar ni protección, la viuda y sus nueve hijos se trasladaron desde su comunidad (El Tolar) hasta la ciudad de La Paz, donde vivieron tiempos muy duros: “A veces no había dinero, teníamos que andar a pie. Era muy doloroso. En el campo por lo menos teníamos para comer, aquí era bien difícil…”, declararía años después a La Razón una de las hijas. Además de las privaciones materiales, tenían que lidiar con el recuerdo de la muerte violenta de su padre, en especial la única de las hijas que se animó a identificar y abrazar el cadáver calcinado de su progenitor. Tal fue la impresión, que meses después trató de suicidarse, en un intento por reencontrarse con su padre.
En cuanto al aspecto judicial, la comisión de fiscales que investigó el caso recién pudo presentar la acusación contra 18 sospechosos dos años después de ocurrido el crimen, el 17 de abril de 2006. En ese ínterin, otros siete sospechosos huyeron y todavía siguen prófugos. Cuatro años después, el 11 de agosto de 2010 un tribunal al fin dictó una sentencia contra los acusados (14 fueron declarados culpables), pero aún falta que se resuelvan las apelaciones para que de una vez concluya este prolongado vía crucis judicial que les tocó vivir a los familiares de Altamirano.
Es de lamentar que el Ministerio Público se muestre incapaz de prevenir la violencia política, y que la Justicia tarde tanto en sancionar esta clase de atrocidades, cuando lo hace.
