Una de las deficiencias de la educación estatal superior es la gran cantidad de estudiantes que permanecen en las universidades muchos más años de los que corresponde. Por ejemplo, según un informe de la UMSA, en 2013 en esa casa de estudios superiores se registraron 12.733 alumnos (17% del total) que desde hace 11 años son universitarios, cuando se supone que una carrera profesional debería durar solo cinco años, y tres para los niveles técnicos.
Habida cuenta que el Estado invierte por la formación de cada estudiante un promedio de Bs 11.000, este exceso de años de estudio representa un gasto insulso para todos los bolivianos. Son varios los motivos detrás de este fenómeno, como el hecho de que muchas de las materias son anuales, lo que retrasa la formación de aquellos que no pueden cursarlas todas (generalmente por cuestiones de trabajo) o no han logrado aprobar el curso.
También están los universitarios eternos que no quieren perder las prerrogativas (principalmente financieras) que les reporta el hecho de ser dirigentes estudiantiles. Para solucionar éste y otros problemas, sería conveniente modificar los actuales esquemas de financiamiento de las universidades públicas, que se rigen bajo una lógica de subsidios y no responden a evaluaciones objetivas de rendimiento, productividad ni eficiencia.
