La madrugada del domingo, Edson Siñani Huallas, de 35 años, fue linchado en la población cochabambina de Sipe Sipe, pueblo al que viajó desde la población vecina de Vinto, donde residía. Su único delito fue haber ingresado por equivocación a una casa que no era la suya, luego de sufrir un ataque de epilepsia que lo dejó completamente desconcertado.
La víctima estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico en el hospital San Juan de Dios precisamente con el objetivo de superar la enfermedad nerviosa que lo condujo hasta un domicilio desconocido. Sus familiares no pueden encontrar consuelo ni desahogo frente a esta brutal injusticia, que les ha quitado, de la peor manera, a un ser amado.
Aproximadamente a las 22.00 del sábado, Edson fue encontrado dentro de una vivienda en el barrio de Guachaca Chico. Estaba golpeando puertas y otros enseres, pues en ese momento padecía un ataque nervioso. Lejos de considerar que se trataba de una persona enferma que necesitaba auxilio, los dueños de la vivienda, dos hombres y dos mujeres, cuyas edades oscilan entre los 19 y 28 años, lo capturaron pensando que era un ladrón, y lo entregaron no a la Policía, como correspondía, sino a un dirigente vecinal.
Éste a su vez, con un criterio igual de escaso que el de los jóvenes, convocó a los vecinos, quienes, transformados en una turba enardecida cual si se tratase de un aquelarre dominguero, llevaron al hombre hasta la cancha del barrio. Allí, en uno de los arcos del campo deportivo, luego de golpearlo y atarle las manos, lo ahorcaron.
A las 04.30, la Policía acudió al lugar para verificar la detención de un presunto ladrón. No obstante, al menos 250 vecinos impidieron su intervención. Horas después, cuando por fin pudieron acercarse hasta al campo deportivo, constataron que el sujeto estaba sin vida. Interpelados por su brutal proceder, los lugareños justificaron el crimen alegando que están cansados de los constantes robos, y esgrimieron su “derecho” de emplear la justicia comunitaria.
Al respecto, cabe recordar que si bien el país cuenta, desde junio de 2010, con una ley que reconoce el derecho de los pueblos indígenas y comunidades campesinas de ejercer justicia de acuerdo con sus usos y costumbres, la norma indica que su aplicación se limita a los miembros de la comunidad. Además, y más importante aún, propios y extraños saben muy bien que el linchamiento no es justicia comunitaria, sino un aberrante delito común.
De allí la importancia de que los protagonistas de esta terrible injusticia sean juzgados y condenados conforme manda la ley, de tal manera que se siente un precedente entre todos aquellos que, amparados bajo el anonimato y la furia de las masas, se sienten con el derecho de ejercer justicia con sus propias manos.
