Recientemente, una nueva cesación de pagos (default) ronda Argentina, luego de que la Corte Suprema de EEUU ratificara indirectamente el fallo del juez de primera instancia de Nueva York Thomas Poole Griesa que obliga al país vecino a pagar a todos sus acreedores, hubieran negociado o no, al declararse no competente para revisar dicha sentencia, a pesar de la gestión en ese sentido del gobierno Obama. Por ello, el gobierno de Cristina Fernández ha empezado a ejecutar diversas acciones para postergar el fallo, incluyendo el apoyo de la OEA, con abstención de EEUU y Canadá.
¿Por qué ese fallo? En 2001, según el Banco Mundial, la deuda externa argentina fue de aproximadamente $us 150.000 millones y su PIB, de $us 269.000 millones. En 2002, su PIB cayó a $us 102.000 millones, y su deuda externa bajó a $us 146.000 millones. Diciembre de 2001 fue el momento del default, el corralito y la caída del presidente Fernando de la Rúa; y luego de varios gobiernos provisionales (proceso que recordaba la hiperinflación de 1989 y la salida anticipada de Alfonsín Foulkes) el presidente Néstor Kirchner y su ministro Roberto Lavagna empezaron a solucionar la crisis a partir de 2003, pagando al FMI con el apoyo de Venezuela, y reestructurando su deuda externa con acreedores privados, muchos de ellos tenedores de bonos soberanos emitidos por el Estado argentino.
Entre 2003 y 2014, las dos administraciones Kirchner negociaron la deuda heredada a límites muy manejables con el 92,4% de los acreedores, reestructurando los pagos y reduciendo el capital adeudado entre el 50 y 76%. Sin embargo, el resto (principalmente tres fondos de inversión libre o de capital de riesgo, denominados por Argentina “fondos buitres”, que en la crisis compraron en el mercado su deuda soberana a un valor mucho menor, para luego pleitear por el pago total) han litigado hasta el momento actual.
En 2012, el juez estadounidense Thomas Griesa dictaminó que Argentina debía pagar entre $us 1.330 millones y 1.500 millones con intereses. ¿Por qué tiene jurisdicción un tribunal norteamericano? Porque esos títulos de deuda fueron emitidos en 1994 conforme al acuerdo Fiscal Agency Agreement (agente fiscal de emisión) que prohíbe tratos diferenciados con los acreedores. El Gobierno argentino rechaza el fallo de Griesa, argumentando que si lo acata, el resto de los acreedores que no entraron en acuerdo (holdouts) reclamarán al Estado argentino $us 15.000 millones, la mitad de las reservas actuales, y los que negociaron pueden retroceder y reclamar el pago nominal total (cerca de $us 100.000 millones) hasta diciembre, que es cuando vence la cláusula RUFO que lo permite. Además, hasta no solucionar este proceso, Argentina no puede pagar a los que sí aceptaron renegociar la deuda, y ése incumplimiento está cercano.
Esta situación es un problema largamente repetitivo y no exclusivo de Latinoamérica: sobre endeudarse y renegociar para reducirlo. Y si bien lo individual no siempre coincide con lo estatal, me asaltan dos preguntas: ¿nuestras deudas bancarias personales podrían reducirse, negociándolas, en caso de problemas económicos? Los bancos responderán que no, porque se asumieron de común acuerdo en un momento determinado, tras el estudio de capacidades reales de pago y las variaciones no son responsabilidad de los bancos. ¿Acaso los Estados no se miden iguales?
