La esperada renovación del Órgano Judicial, que arrancó en su momento con la selección de las autoridades a través de las urnas, con la presunción de que al ser seleccionadas directamente por el pueblo se verían libres de ataduras políticas, no obtuvo los resultados que el país merecía. Al contrario, incluso se agravó la crisis institucional de la administración de justicia.
Por ejemplo, meses atrás el Tribunal Agroambiental sufrió una serie de conflictos internos, que culminaron con la salida de Bernardo Huarachi de la presidencia de aquella institución, acusado de varias irregularidades. Y cual si ese cargo se tratase de una cuota política, un par de organizaciones campesinas amagaron con acciones de fuerza para mantener al cuestionado magistrado en la presidencia; afortunadamente sin lograr su cometido.
En el Tribunal Supremo de Justicia no fue menos escandalosa la renuncia de Gonzalo Hurtado también a la presidencia, pero esta vez del máximo ente judicial del país, acusado por hechos de violencia intrafamiliar.
En el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), las idas y venidas de su expresidente Rudy Flores también fueron (mala) noticia. Primero denunció públicamente que sus conversaciones telefónicas estaban siendo interceptadas, luego se desdijo y finalmente renunció a la presidencia del TCP. Días más tarde se arrepintió de su renuncia e intentó retomar su cargo; manifestando una total falta de consecuencia.
Mientras tanto, los litigantes siguen enfrentando las dificultades de siempre: retardación de justicia, prevaricato y abierta corrupción. Las decenas de denuncias contra jueces y fiscales por prevaricato y extorsiones son solo una muestra de cómo la corrupción ha corroído gran parte del sistema judicial del país. Es en este contexto, que desde dentro y fuera del Gobierno se escuchan reclamos y propuestas para un referéndum revocatorio de los magistrados elegidos por voto popular.
Al respecto, cabe recordar que fue precisamente el recambio de las principales autoridades, mediante el voto directo, la oferta para un cambio radical en el Órgano Judicial. Cambio que lamentablemente nunca se dio. Y posiblemente debido a esta modalidad de acceso, sospechamos, las divergencias personales entre las autoridades de los tribunales constituidos dieron pie a reyertas de poder.
Para una mejor y más transparente administración de justicia se requiere de mucho más que la sustitución de un rostro por otro, se necesitan recursos, otra institucionalidad y un radical cambio de la cultura en el uso discrecional del poder que se da tan frecuentemente en los estrados judiciales del país. El simple descabezamiento de las autoridades de los más altos tribunales no traerá una solución automática a un problema estructural que arrastra vicios históricos.
