La fiebre electoral se ha apoderado del país, y para poder participar en las próximas elecciones, los partidos de oposición y del oficialismo han tenido que luchar contra el tiempo a fin de poder presentar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la lista con sus candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (260 diputados, 72 senadores y 18 parlamentarios supraestatales), además de los postulantes para la presidencia y la vicepresidencia.
En una saludable profilaxis interna, ambos bandos se han dado cuenta de la necesidad de depurar a aquellos postulantes sobre quienes pesan cargos penales por dolo o violencia contra la mujer. Por el bien del país y de los bolivianos, y para evitar demandas futuras de impugnación contra quienes, aun saliendo victoriosos en los comicios de octubre, aparezcan con denuncias sobre malversación de fondos públicos durante su desempeño como funcionarios públicos (en la presente o en anteriores gestiones), es de esperar que esta tarea haya sido realizada de manera rigurosa y a consciencia.
Para realizar esta evaluación, que ahora le corresponde ejecutar al TSE, hubiese bastado que los supremos dirigentes políticos indagasen ante la Contraloría General y los estrados judiciales los antecedentes de cada precandidato.
