La informalidad en la comercialización de minerales y hojas de coca no solo se traduce en la evasión de impuestos y de normas laborales en general, sino también en la poca capacidad estatal para controlar estas actividades; un control tanto más importante por cuanto la minería es uno de los sectores que más afecta el medio ambiente, la fertilidad de los suelos agrícolas y la salud de la gente.
En cuanto a los cultivos de coca, su vínculo con la producción de cocaína hace que la tutela estatal sobre ese sector sea una necesidad de importancia pública. Asimismo cabe recordar que la informalidad menoscaba las potencialidades de crecimiento de la economía y que es uno de los factores que más amplifica las brechas de ingreso y de riqueza.
De allí la importancia de establecer impuestos al valor agregado para la venta de minerales y hojas de coca. Además de contribuir al desarrollo de una estrategia para limitar y revertir la informalidad imperante en esos sectores, la recaudación impositiva podría destinarse a la implementación de proyectos vinculados con esas actividades, como por ejemplo la construcción y ampliación de carreteras, así como también a programas para preservar la naturaleza y la restauración de las áreas afectadas por los desmotes de los cocaleros y el derrame de las sustancias tóxicas de la minería.
