Hace una semana se instaló un nuevo conflicto entre el Estado y las fuerzas de seguridad. Esta vez los suboficiales de Policía se declararon “en emergencia” demandando un incremento en su salario, de Bs 1.800 a Bs 2.200. Ni el Alto Mando policial ni el Ministerio de Gobierno anunciaron propuestas para evitar la movilización que hoy podría comenzar a expandirse.
En efecto, el lunes anterior, un suboficial de Policía, quien ejerce como Secretario de Educación de la Asociación Nacional de Sargentos, Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), inició en La Paz una huelga de hambre reclamando por el señalado incremento. Días después, el jueves, una reunión entre el Alto Mando y los representantes de la suboficialidad fracasó, y desde el viernes el piquete incluye a toda la directiva de Anssclapol.
Mientras tanto, se ha anunciado que las esposas de los policías en Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Pando, Tarija, Oruro y El Alto se sumarán a la protesta, e incluso hay la amenaza de que los propios uniformados se replieguen a sus cuarteles. Como suele suceder en todas las protestas en demanda de incremento salarial, los jubilados del sector buscan ser parte de los beneficios que se obtengan, y en este caso la directiva de la Asociación Nacional de Jubilados de la Policía Boliviana anunció medidas de presión desde hoy para exigir al Gobierno el pago de los fondos de retiro.
En rigor, el conflicto y el curso de acción que está siguiendo era previsible desde que ocurrió lo mismo con los suboficiales de las Fuerzas Armadas; de hecho, ya entonces se escucharon las primeras amenazas. Y días antes de que la emergencia sea formalmente declarada el Presidente del Estado pidió a los jefes policiales, en un acto de la institución, que atiendan las demandas; que escuchen las sugerencias de la tropa, recomendó a los altos oficiales. Sin embargo, cabe preguntarse si los oficiales son capaces de escuchar a los miembros de la tropa.
La respuesta oficial de parte del Ejecutivo provino del Viceministro de Gobierno, quien aseguró que se han conseguido avances sustanciales para favorecer a los policías, pero que “con relación al alza salarial, esos son temas internos administrativos que no ventilamos de manera pública”. Los mencionados avances fueron detallados en un extenso artículo firmado por el Ministro de Gobierno que publicamos ayer en nuestro suplemento Animal Político.
Hay, pues, una situación de conflicto en curso que no parece que vaya a ser resuelta antes de que el problema llegue a las calles, con el agravante, en este caso, de que quienes amenazan con dejar de trabajar son precisamente los que están legalmente impedidos de hacerlo por evidentes razones de seguridad. Solo queda hacer votos porque las autoridades reconozcan pronto lo que está en juego y sean capaces de ponerle oportuno remedio.
