Un nuevo caso de estafa inmobiliaria se ha destapado en la sede de gobierno. En esta ocasión, al menos 120 personas fueron engañadas por una pareja que ofrecía en anticrético un departamento en el centro de la ciudad. Como suele ocurrir en este tipo de desfalcos, los anticresistas pedían a los interesados un anticipo, que oscilaba entre los $us 2.000 y 5.000. Una vez desembolsado el dinero, inventaban excusas para postergar la entrega del inmueble, lapso que era aprovechado para engañar a más personas.
Llama la atención el cinismo y la impunidad con los que actuaban estos presuntos delincuentes. Por lo general, los estafadores ofrecen viviendas hipotecadas o que no les pertenecen. En cambio, en esta ocasión el departamento ofertado formaba parte de un inmueble de su propiedad en el que residían, así que las víctimas sabían dónde ubicarlos. Y cuando iban a reclamar la devolución de su dinero, la pareja, con el apoyo de sus hijos, los amedrentaban y agredían violentamente, con palos y cadenas.
Pese a las innumerables denuncias sobre estos delitos (al menos 70), el principal sospechoso fue detenido luego de estafar y agredir, como antes se dijo, a decenas de personas. ¿Qué acaso el Ministerio Público no tenía suficiente evidencia para evitar que las víctimas de este hecho sigan y sumen hasta el cansancio?
