El rebalse del dique de colas de la empresa minera Santiago Apóstol, ubicada en Potosí cerca del río Pilcomayo, ha puesto nuevamente en evidencia el escaso o nulo control estatal sobre las operaciones mineras, así como los grandes riesgos que conlleva esta negligencia, que deja a su libre albedrío una de las actividades más contaminantes y riesgosas para la salud de la población.
En efecto, a raíz de este desastre, que derramó cerca de 30.000 toneladas de desechos minerales a lo largo de 20 km, y aún no se tiene certeza respecto a cuánto de ese material tóxico llegó hasta el río Pilcomayo, comenzaron a salir a la luz pública datos escalofriantes sobre la ausencia estatal a la hora de controlar la extracción, separación y comercialización de minerales en el país. Por ejemplo, el 80% de los 187 ingenios mineros registrados en Potosí no cuentan con una licencia ambiental, según estimaciones de la Gobernación de Chuquisaca. Una de las compañías mineras sin licencia ambiental era precisamente Santiago Apóstol, cuyo dique de colas colapsó porque estaba construido de manera precaria.
La ausencia de una planta de tratamiento en la ciudad de Potosí, donde circulan diariamente cientos de vehículos pesados transportando minerales sin ningún tipo de protección, es otro de los aspectos preocupantes que este incidente puso otra vez en la palestra. Por otro lado, cabe recordar que las aguas servidas de la Villa Imperial se vierten a la cuenca del río Tarapaya sin tratamiento. Es decir que ese afluente del Pilcomayo recibe cada día ingentes cantidades de residuos tóxicos. A ello se suma el trabajo de los al menos 30 ingenios apostados en el lugar, que depositan diariamente unas 4.200 toneladas de agua contaminada (colas) al dique de San Antonio, según una investigación de la Red Aclo.
Es decir que estamos frente a un problema de salud público, pues la minería deteriora el medio ambiente en todas sus etapas (exploración, explotación e industrialización). Una de las principales vías de contaminación se relaciona con el uso del agua y la liberación de metales pesados hacia caudales de ríos y arroyos próximos a las zonas de operación. Por efecto de los vientos y de las lluvias, los agentes contaminantes son asimismo arrastrados hacia otras zonas del entorno, afectando la salud de la población aledaña a los centros de operación. Por todo ello no sorprende que los pobladores de barrios mineros de Potosí manifiesten enfermedades que van desde la irritación de ojos y piel, pasando por asma, bronquitis, cólicos, males hepáticos, problemas en los sistemas renal y nervioso, hasta malformaciones, abortos y cáncer.
En resumidas cuentas, las empresas mineras dejan veneno a cambio de riquezas, pero solo para unos cuantos. Algunas, las menos, contribuyen al PIB y a la generación de empleo, sin embargo, los costos a largo plazo terminan siendo mayores a los beneficios.
