La agenda noticiosa de esta semana ha estado dominada por el caso de Pamela Álvarez, la joven secuestrada en la terminal de buses de La Paz y que apareció días después tras una intensa movilización social a través de las redes sociales. Esta historia de trata y tráfico tuvo un final feliz para la víctima, lo cual desafortunadamente no sucede en la mayoría de los casos.
En efecto, después de que la secuestrada fuese hallada, las mismas redes sociales se llenaron de fotografías de otras personas, niños y niñas, adolescentes y jóvenes desaparecidos, algunos recientemente, otros hace varios meses, y todos aparentemente desvanecidos de la faz de la tierra ante una Policía cuya actitud habitual es la perplejidad. A simple vista pareciera que de pronto se ha puesto de moda el secuestro de personas, pero en realidad lo único que está pasando es que recién ahora la sociedad ha comenzado a hablar abiertamente del tema.
De manera coincidente con el caso, que no puede decirse “cerrado” pues el que la secuestrada esté hoy con su familia no es fruto de una acción estatal directa, las autoridades desbarataron el viernes una banda, presumiblemente internacional, de traficantes de personas que trataban de llevar a un grupo de dominicanos indocumentados a Chile.
Para peor, se reveló que Pamela Álvarez había abordado un coche de una conocida línea de radiotaxis de la zona Sur y que fue en ese automóvil que comenzó su secuestro, echando nuevas sobras de duda sobre el servicio de transporte en la ciudad de La Paz. Si antes el peligro aparecía representado por “el taxi blanco”, hoy puede ser cualquier tipo de coche, con o sin identificación o marca; lo que nos recuerda que los varios intentos de la Policía y el Gobierno Autónomo Municipal para controlar el servicio de taxis y la idoneidad de los conductores siguen siendo infructuosos.
Paralelamente, también esta semana se hizo público el caso de una periodista en Cochabamba que fue amenazada por el Comandante de Policía de ese departamento cuando ésta le consultó acerca de sus antecedentes como agresor de su pareja. Antes de proferir su amenaza, el aludido dijo que se trata de un asunto privado, cuando desde hace ya mucho tiempo la violencia contra las mujeres es un delito público, lo que demuestra, por una parte, que la justicia sigue favoreciendo a quienes tienen influencia o poder y, por otra, que entre los agresores de mujeres que eluden la acción de la justicia están precisamente quienes deben perseguir a los delincuentes.
Hay, pues, muchos factores que tienen a la sociedad viviendo con miedo, y no será de extrañar que más pronto que tarde el tema sea usado como estrategia electoral, lo cual servirá para inflamar los discursos, pero no para resolver el tema. Solo queda recordar a las autoridades que este asunto, como pocos otros, requiere, con urgencia, una solución de fondo.
