Mañana, cientos de padres de familia saldrán a las calles de El Alto para exigir que las computadoras portátiles ensambladas en el país (Quipus) y que el propio Presidente del Estado entregó a 15.300 estudiantes de 6° de secundaria, a finales de julio, pasen a ser propiedad de sus hijos.
Habida cuenta que se tiene programado entregar muchas más portátiles por todo el país (cerca de 160.000), y que el pedido de los padres de familia de El Alto es económicamente insostenible y legalmente improcedente, sería deseable que esta experiencia les sirva a las autoridades del ramo para ajustar este programa educativo.
Además de capacitar a los docentes para que sepan cómo aprovechar efectivamente estos instrumentos en favor de la enseñanza de los estudiantes y asegurarse de que los centros educativos tengan las condiciones necesarias para poder aprovecharlos (tomacorrientes, conexiones a internet, redes locales, etc.), sería muy importante que se aclare a la población que las computadoras portátiles que se han entregado y se van a entregar son propiedad no de los alumnos, sino de las unidades educativas, para beneficio de los actuales pero también futuros escolares; y que no se trata de una dádiva electoral, sino de una política pública con el fin de mejorar la educación.
