El asesinato, el fin de semana anterior, de la joven Sophia Calvo, y las estremecedoras circunstancias del crimen han detonado una justificada movilización ciudadana en Santa Cruz de la Sierra en demanda de más y mejor seguridad ciudadana, con ecos en todo el país; pero es evidente que no basta con demandar a las autoridades algo que también es tarea de la sociedad.
En efecto, el bullado caso del asesinato de la joven bioquímica en un edificio de parqueos del centro de la capital cruceña detonó la protesta general de distintos sectores cívicos, religiosos y de la población en general, que han convocado a movilizaciones a lo largo de la semana. Entre las consignas que circulan en dichas movilizaciones se escucha, como cada vez que un caso como el que se comenta conmociona a la opinión pública, la demanda de reinstaurar la pena de muerte, así como de una mejor actuación de la Policía y del sistema judicial; especialmente de este último, pues a menudo los juzgados parecen tener una puerta giratoria por la que los delincuentes entran y salen como si nada, abonando cotidianamente al desprestigio del Órgano Judicial.
Sin embargo, no es solo culpa de una Policía cuya actuación suele ser irregular: habitualmente poco eficaz en la investigación de crímenes horrendos, pero luego sorprendentemente eficiente cuando se trata de víctimas pertenecientes a los grupos de élite de la sociedad; ni tan siquiera del Judicial, que en el caso que se comenta necesitó apenas un día para sentenciar al culpable a 30 años de prisión sin derecho a indulto; sino también del conjunto de la sociedad, que por una parte solo parece preocuparse cuando la víctima pertenece a las clases media o alta, pese a que crímenes iguales o peores suceden casi de manera cotidiana; y por la otra exige a las autoridades encarnar valores que no necesariamente son practicados en su ámbito privado, donde a menudo se valora más el éxito económico a cualquier precio, la objetificación de la mujer y todo tipo de prácticas machistas y patriarcales.
De ahí que el Representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz haya hecho notar que, además del asesinato de Sophia, ocurrieron en la capital oriental otros siete feminicidios solo en lo que va de agosto, por lo que urge movilizarse no solo por el caso más conspicuo, sino por el problema estructural de la sociedad.
No es fácil señalar el camino de salida de tan trágica situación, pues la sola aplicación de la ley, con o sin mano dura, es tan imprescindible como insuficiente para acabar con la delincuencia, pero sí es posible señalar que urge un sinceramiento de la sociedad y un mayor énfasis en la educación y la práctica de valores en la familia y los demás ámbitos privados. Policías y jueces no podrán hacer la tarea que corresponde a padres y madres, y es un asunto de largo plazo.
