Desde hace mucho se sabe que una de las peores formas de explotación infantil se produce en el ámbito de la minería, y también que en Bolivia este es un tema que nunca ha sido resuelto, pese a las muchas manifestaciones de voluntad política de autoridades y empresarios del rubro. Un nuevo estudio de la Defensoría del Pueblo aporta evidencia sobre la situación.
En efecto, el informe “Estado de situación de niños, niñas y adolescentes que viven en el Cerro Rico y trabajan en la actividad minera”, revela que hay al menos 145 niños y adolescentes que viven en el Cerro Rico de Potosí y trabajan sin un contrato laboral, sin un seguro de salud y, fundamentalmente, en labores que ponen en riesgo la vida misma.
De esta cifra, señala la investigación defensorial, el 91% son adolescentes de entre 15 y 17 años, quienes trabajan en interior mina sin haber recibido ningún tipo de capacitación sobre seguridad industrial, lo que junto a su inexperiencia los expone a sufrir todo tipo de accidentes, muy probablemente al igual que sus padres y los padres de éstos, y así por varias generaciones. El 6% tiene entre 8 y 12 años, y el 3%, entre 13 y 14, ambos grupos realizan trabajos fuera del socavón, lo cual disminuye el riesgo al que se exponen, pero sin hacerlo desaparecer.
En la presentación del informe, la Representante del Defensor del Pueblo en Potosí reveló que el 95,2% de los adolescentes no tiene contrato escrito de trabajo, porque no les interesa exigir la firma del mismo a fin de evitarse conflictos con sus empleadores. Añadió que en lo que se refiere al acceso a la salud, el 83% no cuenta con un seguro; cuando se enferman, el 62,6% acude a un centro de salud pagando por el servicio, el 21,6% va a una farmacia y el 15,7% se cura en casa con remedios caseros.
A su vez, el Defensor del Pueblo señaló que los adolescentes son atraídos por la “buena paga”, y aclaró que antes de entregar el informe se reunió con estos trabajadores y sus familias, quienes mencionaron que la remuneración que reciben, de entre Bs 1.200 y Bs 3.400 mensuales, los ha llevado a que abandonen la escuela, a que trabajen sin un contrato laboral, a no exigir seguro de salud y a poner en riesgo sus vidas. “Hay desatención por parte de las instituciones del Estado, que en lugar de proteger, resguardar y garantizar su bienestar en las actividades mineras, muestran permisividad y falta de control sobre las cooperativas”, señaló el Defensor, y anunció que los resultados de esta investigación serán enviados a las autoridades acompañados de recomendaciones, como es habitual en los informes defensoriales.
Hay, pues, una situación que debe causar no solo indignación o preocupación, sino sobre todo motivar a las autoridades nacionales, departamentales y locales a hacer algo para acabar con esta tragedia cotidiana.
