Una de las metas de la agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Acción por el Clima, es lograr movilizar $us 100.000 millones anuales para que los países en desarrollo puedan cumplir con sus acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.
La COP28, realizada por estos días en Dubái, se preguntó, entre otros temas, sí esta meta está lográndose. El desafío es complejo. Sin embargo, podemos observar buenos ejemplos de avances en esta materia.
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La colaboración entre la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Verde del Clima (FVC) se ha revelado esencial en América Latina y el Caribe para movilizar los recursos necesarios para promover la acción climática en la agricultura y el manejo de los recursos forestales.
Esta alianza ya está brindando apoyo a los países en el diseño e implementación de iniciativas que incorporan consideraciones para la lucha contra el cambio climático en instancias de planificación a nivel local, municipal y nacional, y en la asistencia técnica para que la agricultura familiar implemente prácticas agrícolas resilientes al cambio climático.
En El Salvador, con un financiamiento de $us 127 millones, se está trabajando en la mejora de la resiliencia climática en los agroecosistemas del Corredor Seco, beneficiando a más de 22.000 familias productoras, incluyendo mujeres y representantes de pueblos indígenas. En Paraguay, se está implementando un proyecto integral de $us 90,3 millones, que combina la reducción de la pobreza, la reforestación, la promoción de energía renovable y la adaptación al cambio climático. Hasta la fecha, ha beneficiado a 503 familias campesinas e indígenas, con un enfoque en la formación técnica y la seguridad alimentaria, y se espera llegar a 87.000 beneficiarios.
Este año, Bolivia ha obtenido un financiamiento de $us 63 millones para aumentar la resiliencia de 82.000 pequeños agricultores en la Macro Región Valles; mientras que en Guatemala están iniciando las acciones para incrementar la resiliencia de los agricultores y grupos indígenas más vulnerables de paisajes mayas y del Corredor Seco, mejorando la seguridad alimentaria, hídrica y económica de forma directa a más de 116.000 personas, con un financiamiento de $us 66,7 millones.
En Chile, los proyectos de conservación de bosques buscan la restauración de 25.000 hectáreas y a la captura de 256.000 toneladas de CO2 por año a partir de 2030, beneficiando a alrededor de 23.000 personas, con un enfoque especial en la inclusión de mujeres y pueblos indígenas; todo esto gracias a un monto de $us 63,3 millones. En Colombia, la gestión sostenible de 60.000 hectáreas de bosque, en colaboración activa con comunidades indígenas, tiene como objetivo impulsar un crecimiento económico sostenible y mejorar la gobernanza de los recursos naturales, con un monto de $us 28 millones. Argentina, el más grande con un monto de $us 82 millones, también se ha unido a estos esfuerzos, centrándose en la reducción de emisiones de CO2 mediante la disminución de la deforestación en diversas regiones del país, y estableciendo cuencas forestales sostenibles que benefician a numerosas familias de productores, comunidades y trabajadores de la madera.
Estos son ejemplos de cómo el financiamiento climático es fundamental para que los países de América Latina logren sus metas de adaptación y mitigación al cambio climático en el sector agricultura y forestal, que generan además beneficios asociados con mejores ingresos, mejor nutrición, empleo, entro otros. Los esfuerzos implementados por la FAO en América Latina junto el Fondo Verde del Clima, reflejan la importancia de la colaboración en apoyo a las necesidades de los gobiernos y las comunidades locales.
Estos esfuerzos son esenciales para enfrentar al cambio climático y promover una transformación hacia una agricultura sostenible y resiliente, con el objetivo de lograr un mejor medioambiente, sin dejar a nadie atrás.
(*) María Mercedes Proaño es oficial de Financiamiento Climático de la FAO para América Latina y el Caribe
