Las repercusiones de la balacera que provocó cuatro muertos en el penal de El Abra siguen y suman. A raíz de este incidente, el entonces director de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Denis Mejía, fue destituido y detenido por presunta complicidad en los hechos de extorsión a los reos que tenía lugar en esa cárcel valluna, y que desencadenaron el ajuste de cuentas durante una fiesta el domingo anterior.
Como suele ocurrir en estos casos, cada vez aparece más información sobre estas irregularidades. Por ejemplo, una oficial de policía denunció que fue destituida por Mejía cuando, como gobernadora, intentó frenar las fiestas y los cobros irregulares que ocurrían en el penal para mujeres de San Sebastián. Por otro lado, la hija de uno de los reos que tuvo que pagar 2.000 dólares para garantizar la seguridad de su progenitor, señaló que los policías sabían de estas irregularidades.
Cabe preguntarse por qué tuvo que ser necesaria una matanza, tal como ocurrió años atrás con un caso de corrupción dentro de YPFB, para que salga a la luz la existencia de estos actos de extorsión cometidos presuntamente con la venia de los policías y del otrora principal responsable de las cárceles en Cochabamba, y cómo fue posible que una persona de tal calaña haya permanecido en un cargo de tanta responsabilidad.
