Mientras la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), el Control Operativo Aduanero (COA) y las Fuerzas Armadas intentan controlar el ingreso de los autos chutos a través del contrabando, los municipios no acompañan esta tarea, que debería ser una lucha de todos.
En agosto estuve otra vez por La Asunta, en Sud Yungas, por el tema de la reventa de gasolina a los vehículos chutos, allí donde el litro de la gasolina que subvenciona el país cuesta Bs 10, pero cuando busqué hablar con el presidente del Concejo Municipal asunteño, Willy Ramos, la autoridad se excusó de dar declaraciones. “La Aduana debe frenar el ingreso en las fronteras, el problema es ahí, no es acá”, dijo escuetamente.
Por eso pregunto: ¿qué hacen los gobiernos municipales para combatir la internación de los autos ilegales? ¿Qué hacen para denunciar la reventa de gasolina a los motorizados indocumentados? ¿Alertan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos que en sus surtidores venden gasolina a autos chutos?
Creo firmemente que el Gobierno nacional debería convocar a una reunión entre la ANB y la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), y conminar a esta última a que las municipalidades cumplan con la ley. Es cierto que algunos motorizados son usados para el transporte de los lugareños a sus pueblos, pero es también cierto que otros los utilizan para delinquir, y en algunos casos como moneda de cambio para la droga.
Entonces, de qué lado están las autoridades municipales. No se puede defender lo indefendible, por eso tenemos asociaciones de propietarios de autos indocumentados en los Yungas de La Paz, en el Chapare y en algunos pueblos de Santa Cruz.
Las alcaldías tampoco colaboran en la lucha contra la comercialización de ropa usada, así lo pudo constatar este periodista en el mercado Kantuta de Oruro y 16 de Julio de El Alto, donde incluso la comuna puso señalética oficial en inglés, castellano y aymara, para informar de que en esa feria se vende ropa usada o mirq’i isi, la indumentaria que está prohibida en todo el país por el Decreto Supremo 28761. El alcalde Édgar Patana debería decir algo al respecto.
Me parece también muy curioso que el diputado orureño Ever Moya haya pedido el año pasado la legalización de la ropa usada y un año después presente un proyecto de ley para la nacionalización de los autos chutos en todo el país.
¿De qué lado está el diputado, con los ropavejeros o los chuteros? Si las declaraciones vinieran de los dirigentes de esas asociaciones, no me asombraría, pero que vengan de un “padre” de la patria es llamativo.
