La semana que termina estuvo marcada por protestas y medidas de presión protagonizadas por los jubilados del país que pertenecen al sistema de reparto. La demanda que motivó estas movilizaciones fue el pago de un bono y del doble aguinaldo. Según estimaciones oficiales, este requerimiento implica erogar $us 92 millones del Tesoro General de la Nación.
Esta demanda puede constituirse en el primer acto de una muy factible y legítima serie de peticiones que podrían derivar en un incremento de rentas, bonos y demás pagos extraordinarios, que indefectiblemente generarán una presión sobre las arcas del Estado, que se nutre de los ingresos originados por la renta petrolera y minera, además de los tributos pagados por los ciudadanos que realizan sus actividades en el sector formal de la economía.
Sin embargo, el vicio más antiguo de esta problemática se remonta al tiempo del desmontaje aplicado al sistema de reparto e instauración del sistema de ahorro individual (AFP), que significó para muchos actuales jubilados la pérdida de sus cotizaciones, con la consecuencia perversa de rentas mermadas.
Si bien no es posible, ni tampoco recomendable, “llorar sobre la leche derramada”, como fue la pérdida de los aportes de los jubilados que prácticamente se evaporaron por arte de magia financiera y política en ese tiempo, tampoco resulta razonable exigir en compensación más bonos que puedan comprometer, no el presente, sino el futuro de las siguientes generaciones. Por otro lado, y aunque no resulte del todo justa su causa, ello no implica que la respuesta de las autoridades económicas encuentre justificativo, argumentando que los recursos son más “productivos” si se destinan a hospitales, carreteras, proyectos de inversión u otros de índole social. Ante esta posición, vale la pena recordar que algún día, no muy lejano, todos estaremos jubilados, y lógicamente no será deseable un trato discriminatorio por parte de la autoridad de turno.
Finalmente resultaría deseable, y hasta más “productivo”, que la negociación entre jubilados y Gobierno trascienda los dos pagos extraordinarios exigidos, dado que las necesidades de este grupo son más complejas. Se deben priorizar otras prestaciones que requieren, por ejemplo, mejorar el servicio de salud y atención médica en las diferentes cajas de salud (¿cómo es posible que los adultos mayores del país aún deban peregrinar por las salas de espera de los diferentes centros hospitalarios en procura de ser atendidos y tratados?); o en el caso de quienes ya cumplieron sus años de servicio, sean maltratados por funcionarios públicos que trabajan en el servicio estatal de pensiones y que acceder al cobro de sus rentas sea un verdadero vía crucis burocrático.
