La revocatoria de mandato es un “instrumento” de participación democrática, directa y participativa, donde el pueblo soberano decide mediante sufragio universal sobre la continuidad o cese de funciones de las autoridades electas, tal como lo establece el artículo 11.II del texto constitucional y el artículo 25.I de la Ley 026 del Régimen Electoral. El antecedente directo es la experiencia nacional de 2008, cuando fueron revocados dos prefectos: Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, siendo ratificadas las demás autoridades departamentales e inclusive el expresidente Evo Morales.
La Ley 026 le ha dedicado un capítulo especial para su tramitación, el presupuesto constitucional para solicitarlo. Tiene que haber transcurrido la mitad del mandato y no se lo puede hacer en el último año de gestión, con la excepcionalidad que no se puede revocar a autoridades judiciales y constitucionales. Entre los requisitos para su tramitación se encuentra que los promotores deben estar inscritos en la circunscripción electoral de la autoridad que se pide su revocatoria, pudiendo ser la solicitud individual o colectiva. Si cumplen todos los requisitos, el Órgano Electoral competente les autorizará mediante resolución, y es a partir de ahí que corren los 90 días calendario para recabar firmas de adherentes a la iniciativa.
Un dato a tomar en cuenta es que el costo de impresión de los libros de adherentes corre por cuenta de los solicitantes. Transcurrido ese tiempo, en el lapso de 60 días calendario, se hará una revisión por el Órgano Electoral de la autenticidad de las firmas, huellas y datos de los adherentes. Los porcentajes requeridos para una revocatoria varían, según la Ley 026, así para autoridades nacionales es del 25 % del padrón nacional; para autoridades departamentales, de 25% del padrón departamental; para municipales, de 30% del padrón municipal, además de otras condicionantes numéricas.
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La revocatoria, como instituto jurídico nuevo en la nomenclatura nacional, tiene su esencia o razón de ser para destituir a aquellas autoridades electas que no hubieran cumplido con el trabajo encomendado, o en su caso sirve a la vez para ratificarles el apoyo a su gestión. Es imperativo que los ciudadanos comprendan que, si plantean revocatorios por móviles e intereses netamente políticos, están desnaturalizando la esencia de la revocatoria, ya que vendría a ser como un “arma letal” para eliminar al oponente político.
Dentro del campo axiológico ligado a valores, no cabe la posibilidad de destituir del cargo a quien ha cumplido a cabalidad su mandato, por lo que debe instaurarse la madurez política y honestidad ciudadana al momento de solicitar la revocatoria. Además, debe tomarse en cuenta que una eventual convocatoria electoral para revocatorias tiene un presupuesto elevado y que en el caso de los municipios pequeños es un perjuicio a sus intereses de sostenibilidad.
Finalmente, la última experiencia de revocatorias en nuestro país de 2017, arrojó un dato interesante, de las 245 solicitudes para diferentes autoridades electas, solo una concluyó y fue programada, siendo la experiencia de revocatoria del municipio de Bolpebra en Pando (2019), en la que su resultado no alcanzó para revocar al alcalde Erlin Hurtado Casanova.
*Juan Carlos Medina Berdeja es abogado y comunicólogo
