El boom inmobiliario que vive el país en los últimos años está generando una serie de problemas tanto a las municipalidades como a los vecinos. Esto porque muchas de las obras no respetan las normas de seguridad y/o de urbanística, o están siendo o han sido construidas en predios municipales. Por ejemplo, en la sede de gobierno se han registrado 800 denuncias por estos motivos solo en 2013, la mayoría de ellas al sur de la ciudad.
Además de perder áreas verdes y espacios públicos que deberían servir para el disfrute de toda la ciudadanía, muchas familias se ven obligadas a vivir un vía crucis debido a esta angurria inmobiliaria, pues no son pocas las viviendas que se han visto perjudicadas por la irresponsabilidad de quienes se han dedicado al negocio de la construcción sin respetar las normas de seguridad, removiendo por ejemplo grandes cantidades de tierra en una sola excavación (esto, para ahorrar tiempo y dinero), en lugar de hacerlo gradualmente y levantando muros de contención durante el proceso.
Es de lamentar que las autoridades locales no puedan contener esta negligencia inmobiliaria, control tanto más importante por cuanto estas prácticas atentan no solo contra el patrimonio de los ciudadanos, sino que además ponen en riesgo su vida y su salud.
