El 4 de abril se promulgó la Ley de Promoción de Inversiones (Ley 516), que reemplaza a la norma de 1990. La nueva ley tiene por objeto contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, con los siguientes rasgos distintivos: otorga un rol preponderante al Estado en la economía y en el desarrollo económico y social, así como en la planificación y la dirección de los sectores estratégicos. Al mismo tiempo promueve la inversión (privada y estatal) orientada al desarrollo de sectores productivos no tradicionales y señala que las relaciones jurídicas entre el Estado y los inversionistas se basan en la seguridad jurídica, esto es en reglas claras, precisas y determinadas.
Conviene hacer un rápido repaso del contexto boliviano desde mayo de 2006, cuando se inauguró la política de nacionalización de los hidrocarburos y que más tarde se extendió a otros rubros de la economía (telecomunicaciones, electricidad, etc.) bajo la premisa de recuperar empresas estratégicas que fueron originalmente de propiedad estatal y que fueron privatizadas o capitalizadas en la década de los 90. Ya el Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado en 2007 en el primer gobierno del presidente Evo Morales, colocó las bases de una nueva doctrina económica que reemplazaría la visión de corte neoliberal vigente desde agosto de 1985. El PND expresa que la inversión extranjera deberá respetar la dignidad y soberanía nacionales y que el Estado la garantizará con reglas jurídicas claras, en temas como permisos y licencias ambientales, licencias sociales, transferencia tecnológica, generación de empleo y la preferencia en el uso de materia prima nacional.
La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (promulgada el 7 de febrero de 2009) señala a su turno que el Estado “reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico y social, y fortalezca la independencia económica del país”, establece las bases de la economía plural sobre la que se orienta la actual organización económica de Bolivia y que comprende, entre otros aspectos, “el respeto a la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica” y la priorización de la inversión boliviana frente a la inversión extranjera, debiendo ésta “someterse a la jurisdicción, leyes y autoridades bolivianas, no pudiendo invocarse situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable”.
Es precisamente dentro del nuevo marco constitucional que se promulga la Ley de Promoción de Inversiones, a partir de la cual se genera un nuevo marco en la relación entre el Estado y la iniciativa privada nacional y extranjera. En esta norma el Estado se reserva el derecho de controlar y regular los sectores estratégicos de la economía, a tiempo que permite a inversionistas privados desarrollar actividades económicas en esos sectores siempre y cuando se adecúen a las políticas estatales. La norma prevé varios vehículos de inversión como las sociedades comerciales, las empresas públicas, las sociedades de capital mixto donde el Estado tenga participación accionaria mayoritaria y los contratos de inversión conjunta entre sector público y privado. Permite a los inversionistas extranjeros transferir al exterior del país divisas libremente convertibles, previo cumplimiento de las obligaciones tributarias. Empero, prohíbe la privatización de los activos y las inversiones recuperadas por el Estado a consecuencia de los procesos de nacionalización.
