Heraldo Muñoz, canciller de Chile, publicó recientemente un artículo en el diario español El País referido a la demanda boliviana radicada en la CIJ, contra la que el Gobierno chileno ha deducido una excepción de incompetencia, en pleno trámite. El Canciller señala que “la salida soberana por territorio chileno que pide Bolivia necesariamente implica una modificación no-convenida del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fijó las fronteras entre Chile y Bolivia y determinó un generoso régimen de acceso no soberano de Bolivia al mar”. El intento de Muñoz es demostrar que la demanda boliviana representaría “una amenaza a la estabilidad de las fronteras”, y a la “observancia de los tratados”.
Diré que los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos internacionales son parte del derecho internacional; existen suficientes y elocuentes pruebas que demuestran que los Estados han acatado fallos de la CIJ que versan precisamente sobre controversias no resueltas. Chile mismo tiene en su historia reciente dos problemas que ha resuelto por vías pacíficas: el conflicto del Canal de Beagle con Argentina y el límite marítimo con el Perú.
En el primer caso medió el papa Juan Pablo II, y en el segundo la CIJ emitió una sentencia. Los Estados partes acataron las decisiones. Conviene remarcar que Chile y Argentina tenían un tratado suscrito en 1881; a pesar de ello las controversias eran tan agudas que estuvieron a punto de llegar a un conflicto bélico. Y en el litigo con Perú, Chile argumentó ante La Haya que la Declaración de Santiago de 1954 ya definía el límite marítimo y que ello equivalía a un tratado de límites. La CIJ desestimó ese argumento y fijó el límite marítimo en su fallo.
¿Por qué se empeña el canciller Muñoz en señalar que Chile no tiene temas pendientes con Bolivia y que todos los asuntos fueron resueltos por los tratados previos a 1948, cuando se suscribió el Pacto de Bogotá que permite a los Estados acudir a
La Haya? La cuestión marítima ha estado omnipresente en la relación bilateral y en la multilateral antes, durante y después del Tratado de 1904, porque el señalado acuerdo no resolvió la cuestión de fondo que Bolivia siempre demandó: alcanzar un acceso libre y soberano al Pacífico del que había sido injustamente privado en 1879.
Que la cuestión había que solucionarla y no soslayarla la asumieron los gobiernos chilenos de Santa María (1886), Montt (1895), Alessandri (1922), Gonzales Videla (1950) y Pinochet (1975), los que sucesivamente plantearon derechamente la intención de resolver la cuestión pendiente y hasta trabajaron fórmulas conjuntas con Bolivia para lograr ese fin. Durante la negociación de Charaña, el canciller Patricio Carvajal envió una nota el 16/12/75 al Embajador de Bolivia en la que señala textualmente “producto del acuerdo final se dejará testimonio solemne de que la cesión territorial que permite la salida soberana al mar representa la solución plena y definitiva a la situación de mediterraneidad de Bolivia”. Tal solución plena y definitiva aún no llega, Charaña se truncó por la responsabilidad de los gobiernos de entonces y Bolivia llevó en 1979 su reclamo a la Asamblea de la OEA.
Los países del hemisferio, en esencia los mismos que suscribieron el Pacto de Bogotá, proclamaron que el problema de Bolivia es de interés hemisférico y recomendaron a las partes que “inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Pacífico”. Con términos muy similares la OEA aprobó sendas resoluciones en 1980, 1981 y 1983 (¡ese año con el voto favorable de Chile!). El propio Heraldo Muñoz en su libro Las Relaciones Exteriores del Gobierno Militar Chileno (1986) reconoce que esa resolución vincula a Chile a solucionar el problema marítimo de Bolivia.
