Nuevamente las inundaciones se han cobrado vidas de compatriotas y dejaron sin techo a miles de familias. Rurrenabaque y Reyes, en Beni, fueron las primeras poblaciones en sufrir los rigores de las lluvias. Es, nuevamente, tiempo de reflexionar sobre el modo en que se gestiona la prevención de desastres, al margen de la capacidad que se tenga para responder a ellos.
El Gobierno ya empezó a movilizarse, gestionando los desembolsos para cubrir los gastos de ayuda más urgentes. No obstante, es bien sabido que no será suficiente, y por ello ya desde el Ejecutivo se está llamando a iniciativas para recolectar comida, lo principal, y vestimenta para las familias damnificadas. La primera entidad en convocar a la población fue el Senado, que promovió la instalación de una instancia de recolección de aportes.
Los problemas de las lluvias e inundaciones son recurrentes en Bolivia. Los estudios sobre los efectos del cambio climático nos indican que estas dificultades podrían agravarse en el futuro. Cada caso, cada tipo de desastre natural requiere un tipo de gestión del riesgo diferente. La tecnología y la ingeniería pueden ayudar a erigir obras defensivas, calcular el curso y la intensidad de los ríos, etc.; pero el margen de incertidumbre con la fuerza de la naturaleza es, invariablemente, muy grande y en ningún caso se puede decir que la seguridad de la población está cien por ciento garantizada.
Otro problema que se puede percibir de manera muy inmediata, y peor tratándose de un país con tantas carencias como Bolivia, es que, al momento de la asignación de prioridades de gasto, tanto la población como las autoridades prestan muy poca atención a la necesidad de emprender obras de prevención de riesgos. Junto con el problema no resuelto de la escasa priorización de las obras de infraestructura, está también el de la ausencia de planes de ordenamiento territorial y de la aplicación de criterios estrictos de asentamientos humanos.
Solo cuando la naturaleza nos golpea de manera despiadada, con tragedias cuya magnitud abarca a cientos o miles de familias, los ciudadanos y las autoridades tomamos conciencia de la necesidad de destinar nuestros recursos públicos, que nunca sobran, para obras de prevención de desastres. Con los desastres también nos damos cuenta, aunque no siempre de manera muy duradera, de la importancia de respetar a la naturaleza y no hacer asentamientos en lugares donde se interpongan en el curso de sus fuerzas.
La urgencia es, por lo tanto, atender a los damnificados, tanto con los resortes y mecanismos presupuestarios que el Estado tiene a su disposición, como con la solidaridad de la población. Pasada la urgencia, es necesario que las autoridades piensen como estadistas; es decir, como líderes responsables por el presente y por el futuro de su población.
