Por decisión mayoritaria, las y los asambleístas resolvieron que no habrá receso legislativo, empero, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, declaró las vacaciones por dos semanas. Queda saber si habrá o no sesiones. Claro que no basta sesionar. Es fundamental construir acuerdos en los temas en agenda: presupuesto 2024, ascensos y, en especial, el rumbo de las elecciones judiciales y la situación de las altas cortes desde el 2 de enero.
Tal como había ocurrido con la reformulación presupuestaria en la presente gestión, la aprobación del Presupuesto General del Estado 2024 está trabada en la Asamblea Legislativa. Luego de su aprobación en la cámara de origen, pasó para su tratamiento en el Senado. Allá, tras largo debate, se aprobó en grande con la observación de dos artículos. En lugar de tratar estos cambios, la mayoría oficialista apuesta al vencimiento del plazo para que el PGE 2024, en su versión inicial, quede aprobado por defecto.
El otro tema sin decisión, esta vez por veto opositor en el Senado, es la ratificación de ascensos a generales de las Fuerzas Armadas y la Policía. En principio, debiera ser un trámite administrativo: el Órgano Ejecutivo propone los nombres, una comisión los evalúa y el pleno aprueba. No ocurre así. Es común que surjan observaciones y denuncias, a veces filtradas por los propios militares y policías, para frenar algunos ascensos. El presidente del Senado espera lograr la mayoría de dos tercios requerida.
Más allá del presupuesto y ascensos, el tema crítico que debiera resolver la Asamblea en los siguientes días tiene que ver con las altas autoridades judiciales. El Senado aprobó tres proyectos de ley para evitar la autoprórroga de mandatos decidida por el TCP, que entraría en vigencia el 2 de enero. Esta vez el bloqueo corre por cuenta de la bancada arcista en Diputados. Y es obra de un triste operador político en la Comisión de Constitución, que desde el inicio frenó las elecciones judiciales.
Claro que no es suficiente que la Asamblea decida respecto al mandato de las altas autoridades judiciales electas en 2017. Es fundamental también que logre un gran acuerdo, al menos de dos tercios, para emitir la ley de convocatoria a las elecciones judiciales, que debieron realizarse este año. Se debe garantizar que dichos comicios se celebren, como máximo, a mediados de 2024, con plena transparencia tanto en la preselección de postulantes como en la votación popular.
Desencuentro entre oficialistas y opositores respecto al presupuesto, veto opositor a los ascensos, bloqueo oficialista de las elecciones judiciales. En esas condiciones está la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si los partidos y alianzas allí representados no hacen política para lograr acuerdos razonables, donde todos ceden algo, están cimentando un escenario de parálisis decisoria institucional. Así, es mejor nomás que se vayan a sus casas, incluso más allá del receso.
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