Que el Ministro de Gobierno anuncie la posibilidad de infiltrar agentes encubiertos a la Academia Nacional de Policías (Anapol) tiene que ser leído como una mala señal para esa institución. No tanto por la “supervigilancia” que ejercerá el ministerio, sino porque la decisión obedece a que la sociedad ha reconocido que la moral de la institución está cuestionada.
En efecto, una sucesión de hechos más o menos fortuitos que terminaron en la muerte de cadetes y decenas de heridos sirvió como vergonzante evidencia de que hubo cuando menos descuido en la Anapol de las más elementales normas de seguridad, cuando no abierta vulneración de derechos humanos de las y los cadetes.
La muerte de dos cadetes, producida cuando un grupo de estudiantes era forzado a hacer ejercicios que involucraban velocidad en una escalera sin baranda, dio paso a la remoción de las autoridades y con ella una sucesión de denuncias y contradenuncias que no solo enlodaron el prestigio de los oficiales, sino el de toda la institución, ya sistemáticamente cuestionada por éstos y otros problemas. A ello se sumaron en 2013 nuevas denuncias de corrupción en el proceso de admisión en la Academia policial. Lo cual dio paso a preguntarse sobre la idoneidad de los encargados de este proceso, así como de los postulantes que pagaron para poder formarse como oficiales de la Policía.
El más reciente caso involucró, además, un presunto abuso por parte de los instructores, que mandaron a la clínica a tres mujeres cadetes por el excesivo ejercicio físico, lo que le costó la vida a una de ellas, quien, luego se descubrió, tenía asma y por tanto no era hábil para la profesión, provocando la interrogante de cómo fue posible que aprobara los exámenes de admisión.
Respecto de la infiltración de agentes encubiertos, el Ministro de Gobierno afirmó que “es una posibilidad” y que “no debería ser normal, porque lo normal debía ser confiar en los instructores, pero evidentemente el ministerio tiene la potestad de definir sus propios mecanismos de control cruzado y obviamente haremos nuestras propias tareas de supervigilancia”. Agregó que esta supervisión se dará hasta que haya constancia de que la nueva doctrina de la Policía Boliviana y sus prácticas se ajustan a los principios y valores del Estado Plurinacional.
Está claro, pues, que parte de la renovación institucional que tanto se le exige a la Policía, y que es la promesa incumplida de todos los comandantes en los últimos años, debe ser encarada fundamentalmente en los ámbitos de formación de los nuevos oficiales, suboficiales y clases, donde deberían primar los valores y principios que luego iluminan el servicio policial. Fallar en esta tarea significará condenar a la institución a seguir cometiendo los mismos errores y faltar a su misión constitucional.
