Como cada año, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEPF) comunica el inicio del proceso de formulación presupuestaria, las entidades públicas proceden a su elaboración y la remiten al MEFP, donde es evaluada, revisada y consolidada para la elaboración del proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE), el cual a fines de octubre fue remitido al Legislativo para su revisión por la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas para su posterior aprobación tanto por la Cámara de Diputados como la de Senadores, para que sea promulgado por el Presidente.
El PGE es el instrumento utilizado en toda institución pública que determina la gestión de los ingresos y gastos, así como la ejecución de proyectos en los diferentes sectores de la economía. Tiene como objetivos, asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas; desarrollar el proceso de industrialización con sustitución de importaciones, impulsando nuevas industrias de productos estratégicos; consolidar la política de acceso universal y gratuito a la salud y la educación; proteger el medio ambiente de manera sustentable y equilibrada; y la implementación de políticas sociales de acuerdo al modelo económico boliviano.
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Recientemente se tuvo dificultad en la aprobación del reformulado del PGE 2023, lo que abrió un posible escenario de incertidumbre para la aprobación oportuna de la ley del PGE 2024. En este sentido, la pregunta es: ¿qué ocurrirá si no se aprueba antes del 1 de enero de 2024? Está claro que el resultado sería un perjuicio en el desarrollo de la economía nacional, porque la nueva gestión iniciaría con retrasos en la ejecución de actividades programadas y previstas en el PGE que considera el Plan Operativo Anual elaborado por cada institución pública, como son los 336 gobiernos autónomos municipales, las 117 instituciones descentralizadas, las 55 empresas públicas, los 27 órganos del Estado, las 15 instituciones de seguridad social, las 14 universidades públicas, las nueve gobernaciones, los seis gobiernos autónomos indígena originario campesinos, cinco instituciones financieras y un gobierno autónomo regional.
Si bien el PGE es un instrumento útil, no perdamos el horizonte, los resultados son la evidencia de su ejecución, es momento de enfocarse en el seguimiento y la evaluación de la gestión. Entonces, es preciso destacar que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) se orienta hacia el proceso industrializador y generador del desarrollo productivo, por lo tanto, reconocer que las empresas nacionales de reciente creación por el Gobierno no solo son generadoras de empleos, sino necesarias para fortalecer la capacidad de la producción nacional.
Por consiguiente, con medidas acertadas el país tiene una deuda externa del 30% en relación al PIB, demostrando que se encuentra por debajo de los parámetros internacionales, los cuales establecen un límite máximo de 50%; asimismo, se evidencia la tasa más baja de inflación de la región. Sin duda alguna, la apuesta por el MESCP nos da resultados innegables. Por ello, con esfuerzo y valor los bolivianos, a días de concluir un año más, esperamos uno nuevo con esperanza para continuar la lucha hacia el camino del progreso.
(*) María Escobar Veizaga es economista
