Vecinos de La Paz y Palca han empezado a asumir los conflictos limítrofes de sus respectivos municipios como propios. Además de complicar esta delicada situación (Palca reclama para su jurisdicción poco más de un tercio de la mancha urbana de la sede de gobierno), este conflicto amenaza con generar enfrentamientos entre bolivianos, extremo que no se puede permitir.
En efecto, el lunes anterior, un grupo de vecinos de San Miguel bloqueó la calle 21 en protesta por las acciones interpuestas por el dueño del bar Pirata para su reapertura, pese a que este establecimiento (inscrito en la municipalidad de Palca como bar y en la de La Paz como restaurante) fue clausurado definitivamente por la Alcaldía paceña, por el incumplimiento de los horarios de funcionamiento establecidos y la inocuidad de los alimentos. Casualmente residentes de Palca también se organizaron en el mismo lugar y a la misma hora, pero en favor del mencionado local, portando pancartas que decían “El bar se respeta”.
Algo similar ocurrió el 2 de febrero, luego de que la junta vecinal de Chuquiaguillo, un barrio paceño según la Ley de límites 1669 (aún vigente), decidiera expulsar a la Subalcaldía abierta por Palca; pues, esa repartición municipal —según los vecinos— está promoviendo el loteamiento de un área forestal de la zona, amén de aprobar planos de construcción que no corresponden a esa jurisdicción. Por estos motivos, le dieron un plazo de diez días para que se vaya, de lo contrario, aseguran, será expulsada por la fuerza. Al igual que en el caso anterior, los comunarios de Palca se manifestaron en favor de esa Subalcaldía y anunciaron su intención de defenderla a capa y espada.
Éstos y otros hechos, como el paro cívico que las juntas vecinales paceñas organizaron el 16 de septiembre de 2011 en defensa de los límites de la sede de gobierno, deberían ser leídos como una advertencia de lo cerca que están de enfrentarse las poblaciones de las municipalidades en conflicto. Y lo propio ocurre con el resto de los municipios que limitan con la sede de gobierno (Mecapaca, Laja, Achocalla, Viacha, Pucarani y El Alto) y en otras regiones del país.
¿Cómo evitar entonces que la sangre llegue al río? Sencillamente aplicando la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales y su decreto reglamentario, que establecen 12 meses para la conciliación entre las regiones con conflictos limítrofes; y en caso de que no se llegue a un acuerdo, se debe dar paso a un referendo para que los pobladores de los territorios en disputa decidan a qué municipio desean pertenecer.
Como manda la ley, este proceso debe ser encarado por las gobernaciones. Entonces, en el caso de La Paz, le corresponde al gobernador César Cocarico resolver cuanto antes estos conflictos, antes de que los vecinos decidan pasar de las amenazas a los golpes, un escenario que naturalmente nadie desea.
