Algunos asambleístas plantearon la posibilidad de activar la revocatoria de mandato para las autoridades jurisdiccionales electas en octubre de 2011. El supuesto es que la crisis del sistema de administración de justicia radica principalmente en sus actuales magistrados (algunos de los cuales tienen procesos por corrupción). Por tanto, la elección de nuevas autoridades permitiría superar la situación actual del Órgano Judicial.
Es incorrecto creer que con solo nuevas autoridades electas se revertirán problemas estructurales de corrupción y retardación de justicia. Pero incluso si fuese cierto, la propuesta de revocar magistrados no está prevista en la norma. El artículo 25 de la Ley del Régimen Electoral es inequívoco al señalar que “la revocatoria no procede respecto a las autoridades electas del Órgano Judicial ni del Tribunal Constitucional Plurinacional”.
Se plantea entonces que la Asamblea Legislativa Plurinacional reforme la normativa electoral para incluir la revocatoria propuesta. Pero hay un “escollo” adicional que no pasa por el Parlamento. El artículo 240 de la Constitución Política del Estado establece que “toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada, excepto del Órgano Judicial”. Habrá que reformar la Constitución. O mejor: pensar en otros mecanismos.
