Ayer, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de Derechos Humanos y el 66 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, la Defensoría del Pueblo de Bolivia presentó un extenso informe al respecto. El panorama expuesto en dicho documento es preocupante, pues da cuenta de muchos vacíos y deficiencias de parte del Estado.
En efecto, el informe “Estado del Ejercicio de los Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia Gestión 2014” relativiza todos los avances que las autoridades de gobierno se preocupan por mostrar ante la comunidad internacional, y muestra a un Estado que hasta ahora no solo ha fallado en proteger los derechos de las personas y colectividades consagrados en la Constitución Política del Estado, sino que se ha mostrado incapaz de construir la institucionalidad necesaria para hacer efectivas las provisiones de un entramado legal evidentemente progresista en su formulación.
Así, el informe de la Defensoría concluye que “en la gestión 2014 se presentaron avances importantes en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, como la educación, alimentación, agua, recreación, las tecnologías de la información y la comunicación, infraestructura urbana, salud, servicios básicos y vivienda, gracias a la disminución de la pobreza y el acceso de una gran parte de la población urbana y periurbana a las condiciones materiales que mejoran su calidad de vida. Sin embargo estos avances continúan tendiendo el sesgo de la desigualdad entre las ciudades y las áreas rurales, y aun más respecto a los territorios y comunidades indígena originaria campesinas”.
A pesar de esta conclusión, en el análisis pormenorizado del estado de los derechos de las diferentes poblaciones y colectividades de la sociedad boliviana el informe hace un esfuerzo por demostrar dónde falla el Estado y, peor aún, dónde peca por deliberada omisión de sus deberes constitucionales.
No obstante, el documento de la Defensoría, en su afán de mostrar un cuadro tan dramático como veraz, omite por ejemplo distinguir las responsabilidades que le competen a los diferentes niveles gubernativos del Estado. Asimismo omite informar de las acciones emprendidas por esa institución para resolver los problemas identificados. Finalmente, algunas de las fuentes citadas en el informe podrán ser objeto de crítica por parte de las autoridades involucradas en la temática, lo cual alimentará un debate ya demasiado politizado entre esa institución y el Gobierno.
Hay, pues, un estado de los derechos humanos preocupante, que no será resuelto solo con la denuncia y la polémica pública, sino solo a través de un renovado compromiso y esfuerzo con el bienestar de la sociedad boliviana, tanto de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos como de las autoridades del Estado en todos sus niveles.
